Estimular la ejecución de proyectos de inversión es una de las tareas más importantes de un Gobierno, ya que a través de ellos se podría generar un impacto directo que beneficie y mejore la calidad de vida de los ciudadanos, como la de tener una mayor cobertura de servicios básicos, mejor calidad de infraestructura, mayor conectividad, generación de empleo, impulso de los negocios, etc. No obstante, en términos de promover la inversión, nuestro país enfrenta una realidad preocupante.
En primer lugar, el Perú en estos momentos se encuentra en un contexto con pocos incentivos para invertir. Como señalamos en el Semanario 1123, las expectativas económicas están en un terreno pesimista desde hace 14 meses, el cual se alimenta de una inestabilidad política y una ingobernabilidad que no parecen tener fin. A ello se suman diversos riesgos internos que afectan la viabilidad de los proyectos, como los conflictos sociales, la intención y promoción de una Asamblea Constituyente, las iniciativas de intervención estatal, etc. Con toda esta carga, no sorprende que el sector privado piense dos veces antes de invertir, como se refleja en el crecimiento nulo que proyecta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para la inversión privada en 2022, según su último Reporte de Inflación.
En segundo lugar, la manera en la que el Estado “maneja” los grandes proyectos deja mucho que desear. Por ejemplo, en repetidas oportunidades hemos mostrado, a través del Reporte de Avance de Proyectos PNIC, que varios de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura de la Competitividad (PNIC) cuentan con problemas que impiden su avance, algo que ha sido una constante desde la presentación del PNIC en 2019. Majes-Siguas II, la tercera etapa de Chavimochic, el Terminal del Muelle Norte del Callao, la Autopista del Sol y, más recientemente, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, son algunos de los proyectos más importantes en los que el Gobierno debería tener un papel central para asegurar su continuidad, pero no lo ha logrado.
A raíz de esta situación, el PNIC no ha avanzado a un buen ritmo. Desde el tercer trimestre de 2020 (punto de inicio de nuestro primer reporte) al primero de 2022, el avance acumulado de este paquete de proyectos (es decir, cuán cerca se está del 100% de ejecución) no ha podido pasar la barrera del 40%. Recordemos que existe una cartera de proyectos que debe entrar al marco del PNIC, pero no pueden ser llevados a cabo mientras no culminen los actuales, por lo que los problemas sin resolver por parte del Estado significan un retraso para su inclusión.
En tercer lugar, el Perú no está teniendo éxito en posicionar nuevos proyectos de gran alcance. Esto puede observarse en el número de concesiones que han sido adjudicadas en los últimos años. De acuerdo con data de ProInversión, entre 2005 y 2014 se adjudicaron 68 proyectos, con un promedio de casi 7 concesiones por año, mientras que entre 2015 y 2021 solo se han adjudicado 15. De hecho, en los últimos dos años solo se han adjudicado dos proyectos (uno por año), con los montos de inversión más pequeños de todo el periodo.
EL MOMENTO DE ACTUAR DEL GOBIERNO
Frente a este escenario, es claro que el Gobierno debe dar un paso al frente y cambiar la manera como viene manejando los proyectos de inversión. Sin embargo, debe empezar poniendo orden en su propia casa. El caos político ha perjudicado a diversas instituciones, como los ministerios, lo que impide establecer una hoja de ruta clara y predecible para los inversionistas. Si el Estado lograra eliminar los riesgos mencionados y brindar un marco más profesional, en el que se aseguren las libertades económicas de quienes ejecutan los proyectos, es muy probable que la confianza en la economía regresará.
Por otro lado, se requiere que las diversas entidades que se relacionan con el PNIC den un paso firme para destrabar sus proyectos correspondientes. Si bien es cierto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuenta con un Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión que realiza acciones de acompañamiento y seguimiento a estas obras, sería de mucha ayuda que cada entidad pertinente tenga un equipo o área que encabece dicha labor.
Al mismo tiempo, aunque el PNIC forma parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), no existen hitos o metas relacionadas con sus avances específicos[1]. Además, se deben establecer metas de corto, mediano y largo plazo (ya sea en cantidad de proyectos culminados, porcentaje de ejecución, u otros), ya que esto permitiría a las autoridades conocer en detalle si se están cumpliendo los plazos para que todos los proyectos priorizados se ejecuten, y establecer mecanismos de ajuste frente a retrasos o un bajo rendimiento del avance.
Finalmente, para aumentar el número concesiones y asociaciones público-privadas (APP) se necesita replantear diversos aspectos de este mecanismo de inversión. Por ejemplo, según el Informe de Competitividad 2022 del Consejo Privado de Competitividad (CPC), el actual sistema se caracteriza por un detrimento de las facultades de ProInversión, a lo cual se suma la poca claridad en las competencias de los diversos organismos que intervienen en el proceso de adjudicación, firma de contrato o adendas. Así, el CPC recomienda reformular la regulación de promoción de APP, para clarificar qué entidades pueden emitir opiniones o aprobaciones (en un marco estricto y delimitado), pero con ProInversión como el eje central de las adjudicaciones.
Esperamos que estos sean los tipos de mensaje que se escuchen este 28 de julio, ya que es crucial que la inversión recupere su senda. El Gobierno debe, de una vez por todas, entender que este es uno de los grandes motores del país, así como una gran fuente de crecimiento económico y social. Es momento de dejar de darle la espalda.
[1] De acuerdo con el sistema de seguimiento Ayni del MEF.
(*) Por ComexPerú / Publicado en Julio 21, 2022 / Semanario 1129