Nuevo mandamiento:
En sus primeras declaraciones a la prensa luego de recibir la credencial del Jurado Especial Electoral que lo acredita oficialmente como alcalde electo de la provincia del Santa, el Ing. Luis Gamarra Alor ha enfatizado que su primer objetivo consistirá en devolver a la población la confianza en sus autoridades y en ese empeño aseguró que no va a defraudar.
Por asociación de ideas, las palabras de la nueva autoridad edil ha traído a nuestra memoria dos hechos ocurridos en un tiempo no muy lejano y de ingrata recordación, los mismos que precisamente tienen mucho que ver con esta pérdida de confianza.
En abril del 2020, a mes y medio de haberse iniciado la pandemia, el gobierno central envió a la Municipalidad Provincial del Santa un presupuesto excepcional de seis millones de soles para la compra de alimentos de primera necesidad que debían distribuirse en forma inmediata entre las familias de extrema pobreza que aparecen en el registro de los programas sociales que maneja la municipalidad.
En circunstancias normales, la compra y la correspondiente distribución de esta ayuda social se realiza en forma expeditiva. Aún en casos extremos y ante cualquier imponderable, es un proceso que no requiere más allá de cinco o seis días como máximo, con mayor razón por hallarse el país en estado de emergencia, impactando esta situación directamente en los sectores más vulnerables de la población. Aún así y ante el reclamo de diversos sectores de la opinión pública, recién después de un mes la comuna provincial hizo entrega de las canastas de víveres, pero con más de una observación.
No obstante que los alimentos adquiridos fueron de la más baja calidad, se pagó por ellos el precio más alto del mercado. Asimismo, extrañamente la compra no se hizo en distribuidores autorizados sino en el mercado La Perla, donde los artículos de primera necesidad pasan por varios intermediarios.
Por otro lado, a mediados del mismo año el ministerio de Salud transfirió al gobierno regional de Ancash más de treinta millones de soles para la construcción y equipamiento de ambientes de lucha contra el covid en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. En el marco de la situación de emergencia, la ejecución de esta obra, lo mismo que la adquisición de equipos y medicamentos, se llevó a cabo en forma directa, sin el requisito de convocar licitaciones ni concursos de precio. Pero no pasó mucho tiempo para que la Contraloría denunciara no solamente un carrusel de sobrevalorizaciones y garrafales deficiencias, por las que el gobernador regional y algunos contratistas terminaron con orden de captura. ¿Cómo puede ser posible que se dé por aceptada la construcción de puertas por las que no podía pasar una cama UCI?
Estos dos hechos han bastado para generar en la población de Chimbote un sentimiento de rechazo y condena a la labor de algunas autoridades elegidas por voto popular. En momentos en que la población padeció el contagio y el fallecimiento de seres queridos, las autoridades mostraron el lado inhumano del aprovechamiento personal y la indolencia.
Esta pérdida de confianza se ha visto reflejada en las últimas elecciones con un enorme porcentaje de ausentismo y de votos en blanco, nulos y viciados. Esa es la respuesta de una población que aún mantiene abierta la herida causada la decepción y la falta de honestidad.
Ante este escenario, las palabras del nuevo alcalde provincial no deberían pasar por alto. Sin excepción, todas las nuevas autoridades están en la obligación moral de inspirar confianza y credibilidad desde el mismo momento en que asuman el cargo. De ahí que, más allá de un enunciado, el compromiso de no defraudar debe ser asumido con la misma convicción de un nuevo mandamiento.
NO DEFRAUDAR