Cuestionada decisión fiscal:
Este es un caso de película. Fecha: viernes 18. Hora 10.42 de la mañana. Personal de la Policía Nacional intervino a un peligroso ex recluso quien tenía en su poder un arma de fuego abastecida con siete municiones, motivo por el cual fue puesto a disposición de la Quinta Fiscalía Penal para que sea esta instancia la que se encargue del debido proceso. Pero para sorpresa general, a las 10.25 horas del domingo 20, la fiscal adjunta Carmen Paola Arana Álvarez, ordenó la inmediata libertad del ex recluso antes que se cumpla el plazo de 48 horas para que éste sea procesado bajo la modalidad de flagrancia y en esa condición ser derivado al Poder Judicial.
El argumento del que se valió la fiscal Arana para tomar esta decisión se basa en el hecho de que hasta ese momento su despacho aún no había recibido el peritaje que confirme si el arma hallada en poder del ex recluso se encontraba operativa, es decir si podía herir o matar a alguien o no. Empero este argumento ha sido refutado frontalmente, y por escrito, por el mayor PNP José Suasnabar Vidarte, jefe del Departamento de Investigación Criminal; y por el capitán PNP Jeans Loayza Basallo, jefe del Grupo Especial de Investigaciones Sensibles.
En una queja presentada ante el fiscal superior Iván Cipriano Lozano, ambos oficiales señalan que sus respectivas jefaturas “consideran que el accionar del representante del Ministerio Público (la fiscal Carmen Paola Arana Álvarez), no se encuentra a la altura y por ende deviene en faltas contempladas en la ley…como incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometen gravemente los deberes del cargo, entre otros”. Al pan, pan. Y al vino, vino.
A continuación añaden que “de todo lo anteriormente expuesto, se podría inferir que la representante del Ministerio Público no tenía la intención de recoger el resultado de la pericia (operatividad del arma) con la única intención de alegar ello para otorgar libertad a los detenidos”. Esto ya es inaudito, por decir lo menos.
Y para que no quede la menor duda acerca de las graves repercusiones que entraña este insólito hecho, los oficiales de la policía concluyen su queja afirmando que “se debe tener en cuenta que el delito investigado es un delito contra la seguridad pública, donde los potenciales agraviados somos todos los ciudadanos, solo para tener una idea de la magnitud de tan desatinada decisión de la representante del Ministerio Público”. Más claro, ni el agua.
De acuerdo con una información proporcionada por la policía y que fue publicada el martes por el Diario de Chimbote, se señala que domingo 20 a horas 10.09 la policía informó a la fiscal Arana que el peritaje había dado positivo y que en ese momento personal de la institución policial ya estaba dirigiéndose a su despacho para que dicho informe sea considerado en el atestado. Pero extrañamente, a partir de ese momento la fiscal Arana ya no contestó ninguna llamada ni mensaje de whassap. Recién a horas 10.48 la fiscal Arana contestó el celular cuando el peligroso sujeto ya se encontraba como una mansa paloma, libre de polvo y paja. Efectivamente, la duda favorece al reo.
Por situaciones como ésta, que desautorizan a priori la labor de la Policía Nacional, son muchos los detenidos que, a pesar de ser capturados en plena flagrancia, a las pocas horas terminan gozando de la más completa libertad, riéndose en la cara de los policías. Un caso reciente fue la captura de un sujeto que asesinó en plena vía pública a un “chaleco” de construcción civil. A pesar de haber reconocido su delito, pero valiéndose de una serie de argucias y formalidades legales, el asesino fue puesto en libertad y hasta este momento se encuentra prófugo de la justicia.
En situaciones como esta hay que tener mucho cuidado. El mensaje que capta la comunidad no es otro que, en determinadas situaciones, los encargados de administrar justicia terminan actuando a favor del delito.