Por: Fernando Valdivia Correa (*)
Hace apenas una semana, Elvia Barrios Alvarado, Presidente del Poder Judicial, sostuvo una entrevista con la Comisión de Alto Nivel de la OEA que arribó a nuestra capital a pedido de Pedro Castillo Terrones, invocando la Carta Democrática de este organismo supranacional. En dicha reunión, mostró preocupación debido a que el mandatario manifestó que las prisiones preventivas son utilizadas como “mecanismos de tortura”. Y eso no es todo, pues en octubre pasado, durante una actividad oficial en Cusco afirmó que existen “…. declaraciones fantasmas a través de colaboradores eficaces, amenazándolos para que digan ante jueces y fiscales: “sí, eso es lo que me dijo que hiciera el presidente”.
Sin embargo, de manera sorprendente, el viernes último la señora Barrios Alvarado convocó, entre otros, a Castillo Terrones, a Consejo de Estado. Ya lo había hecho antes, en febrero y abril, y el prosor ni caso le hizo. Volvió a intentarlo, y tampoco tuvo repercusión.
Por su parte, la Fiscal de la Nación, así como los Titulares del Legislativo y del Tribunal Constitucional, dijeron NO, explicando cada uno de ellos sus válidas razones. Así, al tan mentado Consejo solo asistieron los representantes de la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, y la señora Barrios, emitiéndose un comunicado expresando “… nuestra profunda preocupación por la persistencia de la crisis política en nuestro país, cuyas dimensiones ponen en grave riesgo la institucionalidad democrática, la buena gobernanza, los derechos fundamentales y el progreso del país”. ¿Traducción?.
Lo cierto es que esta convocatoria fue a todas luces innecesaria, toda vez que en primer lugar, no existe marco constitucional-legal de esta figura; más aún, es inconstitucional porque la actual Carta Política ha diseñado puntualmente las competencias -exclusivas y excluyentes- de cada organismo autónomo. Esto se denomina un sano equilibrio de poderes. Y en segundo término, porque aunado a la permanente crisis política vivida, tenemos a un Presidente de la República cada vez más cercado con un acrecentado números de delitos imputados (van 51 carpetas fiscales, de momento), con allegados y familiares detenidos o fugados (el último de ellos -también de momento- es José Fernández, exjefe de la DINI). Castillo está acorralado, sabiendo que fuera del poder, la cárcel le espera. Sus colaboradores están declarando (o ya lo han hecho) contra él, y con evidencias documentadas. Y esto es de conocimiento público.
La señora Barrios tiene todo el derecho de sentirse vejada en su honor y buena reputación cuando un desconocido presentó en su nombre un habeas corpus dirigido contra la JNJ para intentar frenar las investigaciones en su contra durante el proceso de ratificación. En esa misma línea, los peruanos tenemos ese sentimiento de indignación y desasosiego cuando alguna de nuestras altas autoridades, lejos de contribuir al pronto recupero de nuestro estado de derecho, decide ponerse de espaldas al país, y hacer como si nada malo estuviera ocurriéndonos como sociedad.
Un consejo doña Elvia, o mejor dicho una sugerencia para no resultar irreverente, siga avocándose a la administración de justicia. Y que sea recta, o al menos que eso parezca.
(*) Abogado