Dolorosa realidad:
Un total de 137 trabajadores del hospital La Caleta, varios de los cuales formaron parte de la primera línea de lucha contra la pandemia del covid, se encuentran impagos desde el mes de julio, sin poder sufragar los gastos que demanda el mantenimiento de sus dependientes. No obstante que las propias autoridades regionales ofrecieron que este pago se haría efectivo el pasado mes de octubre, lo cierto es que hasta este momento esa promesa no se cumple, son palabras que se mantienen flotando en el aire.
Exactamente en la misma situación se encuentra otro grupo de trabajadores que laboran en el hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz, que conjuntamente con La Caleta son los dos centros de salud más antiguos y emblemáticos de la región Ancash. Más que una deficiencia garrafal, sería una perversidad permitir que los trabajadores de estos dos nosocomios reciban la Navidad y el Año Nuevo como dice el refrán “con una mano atrás y otra adelante”. Eso es por un lado.
Por otro lado, mediante resolución N° 664, el gobernador regional Henry Borja Cruzado ha dispuesto que el médico Benjamín Paredes Ayala, recientemente nombrado Director Regional de Salud, con sede en la ciudad de Huaraz, continúe desempeñando al mismo tiempo el cargo de director del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, con sede en la ciudad de Chimbote. Todo ello muy a pesar no solo de los cuestionamientos que contra éste último han formulado el cuerpo médico y los trabajadores de dicho nosocomio, sino también debido al hecho que ambos personajes enfrenten una misma investigación fiscal por presuntamente formar parte de una organización criminal.
Profesionales especializados en gestión pública consultados por este medio, han referido que el incumplimiento de pago del que son objeto los trabajadores de ambos centros hospitalarios, carece de una justificación razonable. Como se ha informado, por toda explicación los actuales funcionarios del gobierno regional de Ancash han argumentado que la falta de pago se debe a que estos trabajadores no cuentan con el aplicativo informático que se requiere para que figuren en el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público. De ser esa la razón ¿por qué entonces no se previno esta situación antes de contratarlos?. ¿No será que el presupuesto se haya destinado a otros pagos?
Según nuestros informantes, los aplicativos no fallan por sí mismos, lo que quiere decir que la culpa no es del sistema. En otras palabras, lo que puede haber ocurrido es que la contratación de personal se habría realizado sin las formalidades del caso y sin el correspondiente respaldo presupuestal. O sea, con premeditación e Intencionalidad de por medio.
Como se sabe, a través de una serie de organismos fiscalizadores el estado es el primer interesado en corregir problemas de esta naturaleza y sancionar ejemplarmente a los responsables. Los derechos laborales son sagrados. Detrás de cada trabajador hay una familia. No se entiende por eso cómo es que un organismo del estado, como lo es el gobierno regional de Ancash, incurra en semejante atropello.
En el mejor de los casos, si el gobierno regional es incapaz de solucionar sus propios problemas, no estaría demás pensar muy seriamente en la intervención directa del Ministerio de Salud, como ocurrió durante la pandemia. En manos del gobierno regional, los problemas de salud no tienen cura.