Por: Fernando Valdivia Correa (*)
Un incidente diplomático acaba de producirse en nuestro país. Y nada menos que con un importante socio estratégico como son los Estados Unidos Mexicanos. El martes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró persona non grata al embajador de dicho país, Pablo Monroy, dándole plazo de 72 horas para que abandone el país. La noticia causó sorpresa en el ambiente político local, generándose opiniones ambivalentes; es decir, a favor y en contra de la decisión adoptada.
Pero, ¿qué ocurrió para que el Ejecutivo expulse al plenipotenciario Monroy?. De acuerdo al comunicado oficial de Cancillería “…por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (…) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención”. ¿Suficiente argumento?. Veamos. En la quincena de noviembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó racistas a los parlamentarios por haber rechazado la autorización de viaje de Pedro Castillo Terrones para recibir la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Días después, el mismo AMLO expresó que visitaría el Perú el 14 de diciembre para hacer entrega personalmente dicha Presidencia. Por obvias razones, esa travesía nunca se realizó. Más aún, en horas de la tarde del 7 de los corrientes, se mostró en contra de la destitución de Castillo Terrones. Y, a la semana, manifestó que haría una “pausa” en las relaciones bilaterales, desconociendo implícitamente a Dina Boluarte Zegarra como mandatario.
Ahora bien, más allá de la algarabía que podría significar el haberle metido un “estate quieto” al Jefe de Estado azteca, lo cierto es que ha sido, cuando menos, inoportuna lo resuelto por el Ejecutivo. En primer lugar, tenemos al personaje inamistoso con la patria. AMLO es un añejo político bastante polémico. A fines de marzo del 2021 fue ampliamente cuestionado por haber saludado a la madre del narcotraficante el “Chapo” Guzmán. En su defensa argumentó que se trató de una anciana que no era responsable de los crímenes de su hijo. Tres meses después, la prensa informó de sus familiares (dos hermanos y una prima) envueltos en escándalo de corrupción. Asimismo, desde aquella fecha, mantiene una relación tirante con el gobierno de España al haber exigido al Rey Carlos VI disculpas públicas por todos los supuestos crímenes cometidos durante la conquista. Más aún en febrero pasado decidió poner en “pausa” las relaciones bilaterales. Como era de esperar, la Cancillería ibérica consideró incomprensibles sus declaraciones. Así, era lógico suponer que el “pleito comprado” contra el gobierno de Dina iba a escalar.
En segundo término, es la investidura de la actual gobernante; o mejor dicho, las circunstancias en que asume el poder. Se ha escrito que la señora Boluarte debió renunciar al minuto de haber jurado al cargo (básicamente por un tema de lealtad con su examigo Castillo Terrones). Hoy, con elecciones generales anticipadas al mes de abril de 2024, resulta que doña Dina estará en el poder treinta y cinco meses (contando los dieciséis como ministra del MIDIS), aunado a que en menos de quince días ya tiene dos gabinetes.
Y, en tercer lugar, es que el mismo día del destierro del embajador, el gobierno azteca anunció el asilo a la familia del profesor Castillo. Por ello, convenientemente presuroso, Monroy, junto a Lilia Paredes y sus dos menores hijos, tomaron el primer avión y abandonaron Lima. Desde México DF, tanto el Canciller como AMLO rechazaron la posición peruana, adelantando que no procederán de la misma manera. En resumen, esa extraña coincidencia haría ver la expulsión como una represalia por haber otorgado amparo a la prole del exgobernante.
Alguien dijo en alguna oportunidad que los países no tienen amigos, sino intereses. El nuestro es y deberá serlo, mantener relaciones de cordialidad con todos los Estados. No caben apetitos personales y/o afanes de figuretismo.
Todo lo anteriormente expresado podría ser impopular (casi todo lo que escribo lo es, y que bueno que estemos en democracia donde prima, entre otros, la tolerancia), aunque no por ello deje de ser veraz. Analicemos más, hagámoslo racionalmente, estamos a tiempo no solo de restablecer las relaciones diplomáticas con este importante país, sino de bajar el ruido político -sobre todo- a nivel internacional. Es nuestro derecho pedirlo, y es el deber del gobierno atender este reclamo.
(*) Abogado.