Editorial

EL ESTADO COMO AGITADOR

Prefecturas y sub prefecturas

Una de las primeras medidas que se ha propuesto llevar a cabo la gestión de la presidenta   Dina Boluarte, es iniciar el proceso de desactivación  de prefecturas y sub prefecturas, instancias estatales que desde hace ya varios años han venido desempeñando una función netamente decorativa pero que últimamente se han convertido en potenciales agencias de agitación política. Como lo hemos podido  ver  a través de la televisión y las redes sociales, prefectos y sub prefectos han estado detrás de la escalada de agitación y violencia que ha  sacudido al país luego de producirse la vacancia del ex presidente Pedro Castillo Terrones. Todo eso, con gastos y recursos pagados por el estado.

Creadas en los primeros años de la república, las prefecturas y sub prefecturas han cumplido desde un primer momento  una labor de soporte político a favor de los gobernantes de turno. Una labor que inicialmente consistía en ponerlos al tanto de cualquier intento de rebelión o cosas por el estilo a fin de poner el parche antes que salte la pus. Fueron, por  así decirlo, una antigua versión del actual servicio de inteligencia.

Pero la degradación a la que han descendido estas dependencias del estado, que ahora dependen del ministerio de Interior, ha alcanzado su máxima expresión con el apoyo y blindaje que han brindado a  favor del ex gobernante ahora preso en el penal de Barbadillo.

Nada fue espontáneo. Todo estuvo perfectamente planificado. Desde que la vacancia del ex mandatario empezó a avanzar a pasos agigantados en el Congreso de la República, prefectos y sub prefectos de todo el país se convirtieron en asiduos visitantes de Palacio de Gobierno.

La consigna de estas reuniones no fue un secreto para nadie: tan pronto como se produjera la vacancia, había que desatar la violencia de uno a otro extremo del país argumentando que Castillo es inocente de las denuncias de corrupción, rebelión y alteración del orden constitucional que pesan en su contra. De esta manera, aprovechando los recursos del estado así como el apoyo de organizaciones terroristas, de la minería ilegal y el narcotráfico, el objetivo era crear las condiciones propicias para que el Perú se convierta en una dictadura gobernada a sangre y fuego.

En ese sentido, el papel que jugaron las prefecturas y sub prefecturas fue decisivo para que la ola de violencia paralizara varias regiones del país, causando muerte, destrucción y más de 120 millones de soles en pérdidas materiales. La destrucción del país era lo que menos importaba.

Después de todo,  para ser nombrado prefecto o sub prefecto no hace falta acreditar un determinado nivel académico ni tampoco estar limpio de denuncias y sentencias penales. Esos requisitos no cuentan para nada.  Basta con tener carnet de militante activo del partido de gobierno y jurar fidelidad  incondicional a las consignas políticas emanadas desde Palacio de Gobierno.

Ya desde hace buen tiempo, se ha llegado a la firme conclusión que la labor desarrollada por  estas dependencias ahora politizadas, ha dejado de ser trascendente para el funcionamiento  del aparato estatal. Su presencia no es más que una duplicidad de gasto y esfuerzos ya que otros organismos públicos están en mejores condiciones de desarrollar esa labor con mucha mayor calidad y eficiencia.

Como lo ha informado el Diario de Chimbote en su edición de ayer, solo en esta semana el gobierno ha cesado a 966 de estos funcionarios de diversas regiones del país,  110 de los cuales son de Ancash. Además y por si fuera poco, la desactivación de prefecturas y sub prefecturas representaría para el presupuesto nacional un ahorro de 80 millones de soles al año. Huelgan comentarios.