Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Los sectores comunistas y las corrientes colectivistas suelen sostener que la solución de los problemas nacionales pasa por instalar una asamblea constituyente, porque “el modelo es intrínsecamente excluyente y solo favorece a los ricos”. Los sectores progresistas, si bien no plantean una constituyente, señalan que el modelo no permite suficiente intervención del Estado en la dirección de la economía y la sociedad. Sin embargo, ambos puntos de vista niegan una verdad que se erige como una cordillera enfrente de todos: el papel del sector privado en el proceso de reducción de pobreza, en el crecimiento y la expansión del bienestar.
Hoy la pobreza monetaria se sitúa en el orden del 25% de la población. Antes de la pandemia este flagelo social afectaba solo al 20% de la población. Sin embargo, hubo épocas de la historia republicana en que la pobreza afectó al 80% de la población, tal como sucedió en la segunda mitad del siglo XIX. A la luz de esas cifras es incuestionable que el Perú experimenta el mayor momento de inclusión económica y social de su historia republicana. De esa verdad hay pocas dudas, a menos que la ideología o una estrategia de poder obliguen a negar esa certeza.
Sin embargo, no obstante, estos impresionantes avances, es incuestionable que el modelo tiene fallas que se expresan, por ejemplo, en que más de seis millones de peruanos carezcan de agua potable y alcantarillado, que el 40% de los no pobres permanezca en una situación de tal vulnerabilidad que cualquier recesión los volvería a arrojar al infierno de la pobreza, y que cerca del 40% de los niños sufran de anemia. Es pertinente entonces preguntarse en dónde están los aciertos del modelo y dónde están las fallas. Aciertos porque nunca hubo tanta reducción de pobreza en dos siglos de república y fallas porque más de seis millones de peruanos carecen de agua potable.
Si consideramos los informes de los organismos multilaterales que señalan que del total de reducción de pobreza en las últimas tres décadas (del 60% de la población a 20% antes de la pandemia) más del 75% de esos logros se explican por la inversión privada y el crecimiento (generación de empleo), es inevitable concluir que los mercados y la inversión han salvado al Perú. La nota para los mercados entonces es sobresaliente y aprobatoria.
Por otro lado, si tenemos en cuenta que el presupuesto del país y los gastos de las empresas públicas representan alrededor de un tercio del PBI nacional (US$ 200,000 millones) llegaremos a la conclusión que al Estado peruano actual le sobran recursos para solucionar las grandes brechas sociales. ¿Dónde está la responsabilidad de la falta de agua potable para más de seis millones de peruanos? ¿Dónde están los responsables de que la anemia afecte al 40% de la niñez? La respuesta es categórica: en el Estado que fracasa en todo.
Y si nos seguimos interrogando sobre por qué más del 60% de la economía y el 85% de los trabajos se desarrollan de manera informal, la respuesta, igualmente, estará en el Estado. ¿Responsabilizamos a los pequeños empresarios que trabajan de sol a sol o a los procedimientos y sobrerregulaciones de los gobiernos central, regionales y locales que crean aduanas para aplastar las iniciativas de la sociedad y los privados y generan corrupción?
Si pretendemos entonces discutir con honestidad intelectual sobre el modelo, sentemos en el banquillo de los acusados al Estado y a los políticos, y relancemos al sector privado y a los mercados. Si no lo hacemos no debemos sorprendernos que vuelvan a surgir fenómenos como el de Pedro Castillo.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)