Por. David Reyes Zamora (*)
Perdemos todos, pero pierden más los menos favorecidos. Las cifras los golpean: el engaño de que una nueva Constitución es la salida, también.
La violencia es injustificable. Quemar un aeropuerto, las maquinarias de una operación minera o un auto de la Policía con un oficial adentro no se enmarcan dentro de un legítimo derecho de protesta. Y frente a las decenas de fallecidos por la represión de las protestas y los actos vandálicos cada vez más los segundos que los primeros, no es insensible hacer un recuento económico de las pérdidas, porque estas afectan a todos los peruanos, sobre todo a los que menos tienen. Si todavía existe un reclamo social justo detrás de las protestas, la destrucción de infraestructura pública y privada, y el bloqueo de las carreteras no hacen sino recrudecer la pobreza de aquellos a quienes la izquierda progre y radical engaña con el cuento de que una Asamblea Constituyente es la solución a sus problemas.
La portada de Gestión del viernes pone sobre la mesa un ejemplo irrefutable: “La cadena de pagos empieza a romperse en el sur del país”. No vamos a comparar las muertes con el hecho de que una madre o un padre y sus familias no tengan qué comer hoy porque no pueden salir a trabajar. Pero, aquí también hay víctimas, y es una población extensa que sufre alrededor de los focos de violencia. Vayamos a las cifras concretas: seis de los 17 millones de trabajadores en el Perú obtienen sus ingresos al día o a la semana, y ocho de cada diez de ellos son informales. El riesgo de que les corten los pagos, los echen o los dejen sin trabajo hasta nuevo aviso, ante la inmovilidad de los negocios, es altísimo, y la cadena no es una metáfora, siempre se rompe por el lado más frágil.
Por eso se evitó que se rompiera en la pandemia, porque implica una sucesión de quiebras y una irreparable pérdida de empleos. Piense en un restaurante que ve paralizadas sus operaciones, se le acaba la caja, recorta personal, le deja de pagar a sus proveedores de insumos y estos, a su vez, a los agricultores del campo con los que trabaja. Resisten menos los últimos, y esa es la realidad que esconden números fríos: la traducción cruda y palpable de los S/ 500 mil y las 1,200 reservas que pierden cada día los hoteles de Cusco, o la cancelación del 85% de paquetes turísticos reservados ahí para los próximos tres meses, según los gremios. Tardaremos en recuperar una imagen confiable como destino turístico, y no son los violentistas los que, lamentablemente, pagarán las cuentas.
Lo harán quienes reclaman olvido y desamparo, que son los que más creen en la idea de que el modelo económico no funciona. Lo ciertos es que, entre el 2004 y el 2019, hasta antes de la pandemia, la pobreza monetaria cayó de 59% a 20%. Que queda mucho por hacer nadie lo niega. Tampoco que la deuda es el bienestar: que todos tengamos acceso a los servicios básicos, a salud y educación de calidad y, con ello, a la inclusión.
¿La salida, entonces, es una nueva Constitución? No, estos derechos están escritos en la Constitución actual. Y la reducción de la pobreza monetaria sólo recuperará su ritmo con el crecimiento que el modelo económico nos permite. A la minería ilegal y al narcotráfico que financian la violencia, les conviene la anarquía. Al resto de peruanos, no.
(*) Director de Gestión. Publicamos el presente articulo por considerarlo de interés.