Por: Fernando Valdivia Correa (*)
Desde el primer día de gobierno, un sector de la población muestra su rechazo a la continuidad de Dina Boluarte Zegarra. Dentro de ese grupo, uno minúsculo aunque bien organizado actúa de manera violenta, bloqueando carreteras, destruyendo propiedad pública (comisarías, sedes de la Fiscalía y del Poder Judicial, etc.) y privada (aeropuertos, centros comerciales, etc.), y provocando la muerte de decenas de compatriotas, sin contar a los cientos de heridos. De Apurímac a Puno, Cuzco, Arequipa, e Ica, hordas delincuenciales disfrazadas de marchantes dejan a su paso desolación y hambre.
En este sombrío panorama, coincidiendo (o haciendo coincidir) con el Aniversario de Lima, colectivos de diversas regiones anunciaron la marcha a nuestra capital. La denominaron la “TOMA DE LIMA”. Sí, con mayúscula.
Previendo probables desmanes, la Policía Nacional efectuó un control de identidad a cientos de pobladores en puntos estratégicos de entrada a la ciudad. Paralelamente, el Premier Alberto Otárola anunció en redes sociales y en tono triunfante el despeje de las vías bloqueadas, cuando en realidad la pregunta era porqué se permitió que ocurriesen tales tropelías. Pero, inexplicablemente la Jefa de Estado instó a los manifestantes a “tomar Lima pero en paz”. Sí, como lo lee, y no es un error tipográfico.
Las críticas no esperaron y sus palabras fueron reprochadas. E aquí algunas de las razones de las mismas. Primero, porque la enardecida población reclama, entre otras, la dimisión de Dina Boluarte. Así, no resulta congruente que la Presidente “invite” a marchar a los que “piden su cabeza”. Dos, desde el 15 de enero y por 30 días calendario estamos en Estado de Emergencia, suspendiéndose, entre otros derechos, la libertad de reunión. Como vemos, doña Dina vulnera la norma que ella misma aprobó. Y, tres, las enormes y millonarias pérdidas económicas ocasionadas (solo en Cusco el 80% de turistas nacionales y extranjeros han cancelado sus reservas, generándose perjuicios por S/ 7 millones diarios).
Coincidimos con El Comercio cuando refiere que “…. es importante recordar que las leyes peruanas protegen manifestaciones como las que tendrán lugar hoy, pero estas deben ser pacíficas y no afectar a quienes en ejercicio de su derecho también deciden no tomar parte en estas, ni tampoco atentar contra la propiedad privada o pública” (Editorial, 19 de enero de 2023).
Más allá del tiempo de permanencia al frente del Ejecutivo, lo cierto es que mientras la señora Boluarte esté al mando deberá ser firme y consecuente en sus decisiones, pensando primero en el país, lo cual incluye el unísono respaldo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, así como el respeto a los millones de peruanos que quieren trabajar en paz, dejando de lado los “tomas y dacas” con siniestros personajes que lejos de dar la cara, azuzan a la ciudadanía para destruir el país. Como suele decirse “mano de hierro con guantes de seda”.
(*) Abogado