30 años después:
Como lo acaba de informar el Diario de Chimbote, el 21° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido una resolución que dispone el pago de un millón de soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos de nueve humildes pobladores que han pasado a la historia como Los Desaparecidos de Santa. Este fue un hecho que sacudió a la opinión pública nacional el 2 de mayo del año 1992 cuando un destacamento del siniestro grupo Colina, un grupo paramilitar de aniquilamiento, secuestró a medianoche a estas nueve personas y las condujo a la viva fuerza con rumbo desconocido.
Diecinueve años después, el 14 de noviembre del 2011, los restos mortales de estos desafortunados pobladores fueron hallados, enterrados bajo la arena, en un descampado ubicado seis kilómetros al norte de Santa, en el desvío de la zona conocida como Huaca Corral de la provincia de Virú, región La Libertad.
Después de treinta largos años de haber reclamado justicia por este cruel asesinato, los familiares de las nueve víctimas podrán recibir esta reparación civil que ha sido asumida por el estado en su condición de autor. Pues de acuerdo con las investigaciones y demás elementos de convicción, se ha llegado a la conclusión que efectivamente los autores del secuestro y asesinato fueron los miembros del Grupo Colina, un grupo de aniquilamiento patrocinado por el gobierno de entonces e integrado por miembros de las fuerzas armadas y policiales, que se formó durante la época del terrorismo.
En medio de la espiral de violencia que agitó al país durante aquella época, Sendero Luminoso y el MRTA se disputaban la autoría de actos terroristas para extorsionar a empresarios a cambio de no atentar contra su vida y su patrimonio. Uno de los bastiones en disputa fueron las localidades de Coishco y Santa, donde por ese entonces era frecuente la quema de vehículos y el atentado contra instalaciones industriales.
De acuerdo con las conclusiones a las ha arribado la Comisión de la Verdad, el Grupo Colina se encargaba de brindar protección a los empresarios que eran extorsionados por estos grupos terroristas. El método era muy simple: acabar con la vida de los extorsionadores, sin importar si las víctimas eran realmente terroristas o no. Se afirma que son diecinueve mil los desaparecidos en todo el país durante esos aciagos años. N
En ese sentido, la decisión del 21° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, no solamente está disponiendo el pago de una reparación civil que también favorece a los herederos del periodista Pedro Yauri. Lo que está haciendo es un acto de justicia humana con los herederos de nueve peruanos que pagaron con sus vidas el costo de una lucha que ensangrentó al país y que nadie quiere que se vuelva a repetir.