Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), los recursos que las compañías mineras transfirieron a los gobiernos subnacionales en el 2022 sumaron más de S/ 10,000 millones, monto que supera todos los récords conocidos en recaudación minera. En términos generales se registra un incremento del 166% con respecto al 2021. Los montos transferidos comprenden el canon minero, regalías mineras legales y contractuales y derechos de vigencia y penalidad.
Sin embargo, he aquí el grave problema que explica los graves problemas en las regiones mineras: según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fines del año pasado los 25 gobiernos regionales habían ejecutado en promedio apenas el 50% de sus presupuestos de inversiones (aproximadamente S/ 13,000 millones). Un verdadero crimen en contra de los pobres.
Es evidente que el aumento de la recaudación minera se explica por el incremento de los precios de los minerales; sobre todo del cobre, considerando que el Perú es el segundo productor mundial de este metal. Vale señalar que los aportes mineros en el 2021 –por impuesto a la renta, impuesto y gravamen especial, y regalías– superaron en 200% a la recaudación del fisco en el 2020 y en 150% a la del 2019.
El aumento de la recaudación minera no solo proviene del incremento de los precios de los minerales, sino también del inmejorable sistema de tributación. En el Perú, las compañías mineras pagan por concepto de todos los impuestos alrededor del 50% de las utilidades, una suma superior a los que se paga en Chile, Canadá y Australia, países mineros con los que el país competía para atraer inversiones antes de la crisis política que afecta a nuestro país.
Sin embargo, a pesar del invalorable aporte de la minería moderna y las compañías, las corrientes comunistas y colectivistas suelen construir leyendas, mitos y mentiras con respecto a las inversiones. Una de ellas señala que las empresas no pagan impuestos. Recientemente las vanguardias comunistas han argumentado que la vacancia de Pedro Castillo se debió a que el 2023 las empresas mineras tenían que renovar sus contratos de estabilidad tributaria. Una aseveración falsa de principio a fin. El Perú ha suscrito más de 20 contratos de estabilidad tributaria, de los cuales siete están vigentes, y ninguno de los contratos vence en el 2023. Por ejemplo, el de Las Bambas vence en 2029, el de Antapaccay en 2027, el de Minera Cerro Verde en 2031 y el de Hudbay Perú en 2030.
Los contratos de estabilidad tributaria son herramientas que utilizan todas las economías de mercado y los países desarrollados para atraer inversiones. De ninguna manera se establecen para reducir la tributación a favor del fisco ni conseguir exoneraciones, sino para no cambiar los impuestos de acuerdo a los efluvios de los políticos populistas.
Vale señalar que gracias a la Constitución Política, las leyes nacionales y el régimen tributario minero, el Perú, en la última década, ha captado más de US$ 60,000 millones en inversiones mineras. Si se logra restablecer la gobernabilidad y la paz social en el país, y se pone en movimiento la cartera de inversiones mineras –que suma más de US$ 62,000 millones– se proyecta que el Estado podría recaudar más de S/ 85,000 millones en aportes mineros.
Negarle esa posibilidad al Perú es un verdadero crimen social en contra de los pobres. Del análisis de las cifras sobre la minería queda en evidencia que el Estado –a través de los gobiernos central, regionales y locales– fracasa en la distribución de la renta minera nacional, y allí está la faltas de escuelas y postas médicas, la falta de agua y desagüe, la falta de carreteras, entre otros, en las regiones mineras. El Estado está lleno de recursos, pero sin capacidad para avanzar en la ejecución de inversiones sociales.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)