Por: Víctor Andres Ponce (*)
Las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas suelen señalar –repitiendo el momificado recetario marxista– que el “el trabajo social” de los trabajadores crea la riqueza de las sociedades y de las naciones. Sobre esta premisa mágica –“científica”, según el chamanismo marxista– surge la inevitable lucha de clases frente a la apropiación privada de la riqueza de parte de “los capitalistas explotadores”. De allí la urgencia revolucionaria de que la lucha de clases lleve a las expropiaciones y colectivizaciones de las empresas privadas.
Si esas brujerías colectivistas fueran ciertas solo bastaría que los estados del planeta crearan empresas estatales y pusieran a trabajar a los 7,000 millones de habitantes de la tierra para crear riqueza. Sin embargo, todos sabemos que eso no es verdad. En los países de la ex Unión Soviética se crearon miles de empresas estatales y los trabajadores trabajaron y produjeron con frenesí, pero solo crearon pobreza. Por falta de mercados y consumidores, los productos se oxidaban en los almacenes.
La historia de la humanidad, y sobre todo de los últimos siglos, nos demuestra que la única manera de crear riqueza es cuando los productos de las fábricas se pueden vender en los mercados a través de buenos precios. Los precios se forman en base a la oferta y la demanda, y únicamente los innovadores, los empresarios, son capaces de conseguir buenos precios en los mercados. Así ha funcionado la humanidad hasta hoy; así se ha creado riqueza, desde la primera máquina a vapor hasta Apple, Google y Microsoft.
Sin embargo, en el Perú la magia marxista parece haberse apoderado de todo, sobre todo en el tema de la legislación laboral. Allí están, de muestra, la rigidez de los contratos laborales y la tendencia a considerar al trabajador como el explotado por el empresario. En ese contexto, una alianza progresista y comunista derogó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), la mejor ley laboral de toda nuestra historia republicana, que multiplicó en más de 150% el empleo formal en el agro. En dos décadas, de 460,000 empleos formales se pasó a más de un millón. Asimismo, el Gobierno de Pedro Castillo promulgó tres decretos laborales que prohibían la tercerización laboral, fomentaban la sindicalización artificial (en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales) y liberalizaban en extremo el derecho de huelga.
El objetivo de los señalados decretos fue crear artificialmente sindicatos y fomentar la lucha de clases para “recuperar la riqueza que crean los trabajadores”, según el recetario marxista. No obstante que el velasquismo en el Perú creó más de 200 empresas estatales y el país se hundió en la pobreza generalizada, las corrientes colectivistas insisten en sus religiones económicas.
La experiencia de la humanidad nos demuestra que la riqueza no es una realidad que existe independientemente de la combinación de los factores de producción; es decir, de la productividad. Cuando la producción de las fábricas o de los individuos se vende en los mercados a través de buenos precios se crea riqueza. Igualmente, si bien la apropiación de la riqueza es individual, es imposible que esa misma prosperidad no se distribuya a los demás sectores de la sociedad, a los trabajadores, a los ciudadanos. De lo contrario, ¿de dónde surgirían los ciudadanos que compran los productos y forman los precios? ¿De dónde surgirían los trabajadores y empleados que trabajan en las minas y las agroexportadoras?
Todas las sociedades que han legislado considerando que “los trabajadores crean la riqueza y los empresarios son los explotadores” y han fomentado la lucha de clases se han convertido en fábricas de pobreza. No hay un solo país que escape a esta regularidad. Muy por el contrario, todas las sociedades que han legislado a favor de las inversiones, la creación de capital, del crecimiento y de la generación de empleo, han alcanzado el desarrollo. Igualmente, ninguna sociedad escapa a esta regularidad.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)