Por: VÍCTOR ANDRÉS PONCE (*)
La devastación que deja el ciclón Yaku en provincias y distritos del interior, con miles de afectados y damnificados, revela que el Estado ha fracasado en la reconstrucción, no obstante que ha contado con los mayores recursos de toda la historia republicana. El modelo cruje porque los privados pagan enormes sumas a través de los impuestos y el Estado se llena los bolsillos, pero es incapaz de construir canales, sistemas de drenajes, riberas en los ríos y planificar el crecimiento de las poblaciones evitando las quebradas que se activan con las lluvias y destruyen las pocas posibilidades de las familias pobres.
En el Perú el fracaso general del Estado en la distribución de la riqueza que aporta el sector privado se ha convertido en el principal argumento de los sectores comunistas, colectivistas y progresistas, que se oponen al modelo económico basado en la inversión privada y la desregulación de mercados. Según estos sectores el fracaso del Estado es la consecuencia directa del modelo económico que prohíbe el Estado empresario y recorta todas “las atribuciones sociales del Estado”. Es una explicación efectista.
Esos sectores comunistas, colectivistas y progresistas nunca reconocerán que el fracaso del Estado es producto de las guerras políticas que desarrollaron los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo, gobiernos que todo el abanico de las izquierdas apoyó, más allá de reacomodos y arrepentimientos de una última hora. Igualmente, nunca reconocerán que la sobrerregulación de procedimientos que se ha creado en todos los niveles de gobierno para asfixiar las iniciativas de la sociedad y el sector privado es producto de las estrategias de demonización de las empresas privadas, de la minería, de la agroexportación y de otras actividades.
En este contexto, el peor enemigo de los peruanos pasa a ser el Estado, no solo porque no reconstruye ni distribuye la renta nacional, sino también porque los impuestos, sobrerregulaciones y procedimientos estatales, se convierten en los peores enemigos de los mercados emergentes y populares.
Las izquierdas no solo evitan criticar las causas del fracaso del Estado y de los gobiernos regionales, que administran en gran mayoría, sino que atribuyen el colapso estatal al régimen económico consagrado en la Constitución Política del Perú. Y desde esa argumentación pretenden justificar una asamblea constituyente. Todos estos hechos tienen enormes consecuencias políticas y sociales. De alguna manera la elección de Pedro Castillo también fue resultado del desastre humanitario del Gobierno de Vizcarra en el manejo de la pandemia.
Por todas estas consideraciones, en el éxito del proceso de reconstrucción se juega la continuidad del Estado de derecho y del modelo económico. Si el Ejecutivo, el Congreso y las entidades del sistema republicano reconstruyen con éxito las regiones devastadas por Yaku el gran espacio a favor del modelo habrá ganado y las alternativas antisistema desaparecerán. Las próximas elecciones nacionales, entonces, expresarán el humor nacional de la reconstrucción y, de una u otra manera, quedará evidencia quiénes son los grandes responsables de las devastaciones que deja Yaku.
Es hora de abandonar las guerras políticas (referendo, cierre inconstitucional del Congreso, caída de Merino, adelanto electoral) y volver a focalizar la política en la gobernabilidad que hoy significa reconstrucción en el norte y una especie de Plan Marshall –plan de inversiones– para el sur del país. Si en el Ejecutivo hay buena voluntad, la alianza del Estado y de las poblaciones con el sector privado creará una fuerza poderosa para la reconstrucción. Imparable. El sector privado no solo puede aportar capital sino, sobre todo, gerencia.
En cualquier caso, el Gobierno de Dina Boluarte y el Gabinete Otárola tienen una inmensa oportunidad de demostrar nervio político y mirada histórica.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)