Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el primer trimestre de este año la inversión privada cayó en 12%, sobre todo por la contracción de la inversión minera (-23.2%) y la caída de más de 11% en los demás sectores. De esta manera se acumulan tres trimestres seguidos de caída de inversión privada. Igualmente, la inversión pública cayó en 1% en los primeros tres meses de este año.
¿Qué significa la curva inclinada hacia abajo que describe la caída de la inversión privada? Si consideramos que, en términos generales, el aporte privado representa el 80% del total de la inversión en el país, que provee cerca del 80% de los ingresos del Estado y que, a través de los mercados formales e informales, genera más del 80% del empleo, entonces es evidente que el modelo ha comenzado a crujir en sus fundamentos. De alguna manera se puede sostener que se está apagando el principal motor del modelo que, en tres décadas, posibilitó cuadruplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia.
Para entender la importancia de este tema vale señalar que un punto de crecimiento del PBI (algo que no sucede si la inversión privada no crece) genera alrededor de 90,000 empleos. Asimismo, vale recordar que cada año se incorporan a la economía cerca de 300,000 jóvenes. Por todas estas consideraciones si la economía no crece sobre el 4% es imposible reducir la pobreza o mantenerla como está. La tendencia será a aumentar esta desgracia social. El 2022 el país creció apenas 2.7% del PBI y todos los pronósticos señalan que el 2023 las cosas irán de mal en peor y el PBI se expandirá por debajo del 3%.
Por todas estas consideraciones, no es nada extraño que el Perú haya vuelto a ser una sociedad que aumenta la pobreza. Según el informe Perú: evolución de la pobreza monetaria 2011-2022 del Instituto Nacional de Estadística (INEI), la pobreza monetaria llegó a afectar al 27.5% de la población. Es decir, se incrementó en 1.6% con respecto al año 2021. De acuerdo a este estudio más de 9 millones de personas debe considerarse pobre en el país, y desde la pandemia hasta la actualidad más de 2.5 millones de personas han pasado a padecer este flagelo.
Para nadie es un secreto que la caída de la inversión privada se explica, principalmente, por el año y medio de Gobierno de Pedro Castillo, en el que se gobernó agitando la propuesta de una asamblea constituyente, se demonizó al sector privado como responsable de los males nacionales y se fomentaron las nacionalizaciones en minería y recursos naturales. En este contexto, la inversión privada se desplomó, sobre todo en minería, no obstante que los precios del cobre y los demás minerales alcanzaban niveles históricos. Vale anotar que el Perú es segundo productor mundial de cobre y tiene la tercera posición mundial en reservas del metal rojo. A pesar de ello, luego de la inversión de Quellaveco no se conoce otra gran inversión en minería.
Si las cosas se presentan de esta manera lo único que pueden hacer los actuales Ejecutivo y Congreso es dictar todas las medidas necesarias para relanzar la inversión privada, incluyendo urgentes reformas. El país necesita confirmar que ha terminado la guerra entre Ejecutivo y Legislativo, necesita simplificar las sobrerregulaciones que se han creado entre el Estado, la sociedad, la ciudadanía y el sector privado. Se necesita una nueva ola de desregulación del Estado burocrático que se ha organizado en contra de la Constitución y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país.
De igual manera se necesita encontrar una salida al entrampamiento de la regionalización que impide que la riqueza que crean los privados se distribuya socialmente (carreteras, agua y desagüe, postas médicas, escuelas) a las áreas más excluidas de la sociedad. Asimismo, se necesita reformar la educación y el sistema de salud, y establecer una reforma laboral sobre la base de la flexibilidad en los contratos. Y, por último, el país necesita solucionar sus problemas de infraestructuras relanzando las asociaciones público privadas y el sistema de obras por impuestos.
Si el Ejecutivo y el Congreso no se deciden a reformar lo que haya que reformar para relanzar la inversión privada, la caída de este protagonista del crecimiento y la reducción de pobreza significará el derrumbe del modelo.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)