Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Si tuviésemos que desarrollar un análisis sobre por qué las izquierdas comunistas, colectivistas y progresistas han fracasado en Chile y Perú, una primera aproximación tendría que ver con la inviabilidad política de detener el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza que se está desarrollando en ambos países por varias décadas. Los gobiernos de izquierda frenaron las economías y aumentaron la pobreza.
Es evidente, pues, que una cosa es llegar al poder ganando una batalla cultural en base a narrativas y fábulas de todo tipo, y otra bien diferente es pretender detener el crecimiento en sociedades que han incrementado el bienestar como nunca en sus historias republicanas. Al parecer no hay relato válido para semejante estrategia destructiva.
En Perú y Chile –dos milagros de los países emergentes, que habían reducido pobreza en 20% de la población en el primero y en menos de 8% en el segundo– los proyectos de las asambleas constituyentes, el intento de construir un “momento constituyente” artificial y las campañas en contra del sector privado y a favor de nacionalizaciones, simplemente, detuvieron la expansión económica y la pobreza volvió a aumentar, sobre todo en el Perú.
En este contexto, no es de extrañar que el golpe de Pedro Castillo y la posterior insurrección para quebrar el Estado de derecho y convocar una constituyente hayan fracasado de principio a fin en el Perú. Igualmente, no es nada raro que las izquierdas y el gobierno de Gabriel Boric hayan perdido todas las elecciones nacionales convocadas luego del frenazo económico en el país del sur.
¿Qué pretendemos señalar? Considerando la debilidad de las oposiciones en ambos países, resulta incuestionable que la economía y el sector privado se convirtieron en resistencias soberbias y silenciosas para los gobiernos del eje bolivariano que habían llegado a controlar todo el poder. De pronto, las sociedades que habían optado por la aventura, los llamados “cojudignos” que se compraban todos los relatos y las narrativas del progresismo, se dieron cuenta de que la destrucción de la economía era inaceptable luego de los logros históricos de las últimas décadas.
En otras palabras, la existencia de sectores privados poderosos evitó la estrategia de colectivización de la economía, que es uno de los pasos inevitables para lograr la concentración del poder político. En Venezuela, por el contrario, el proyecto chavista ha logrado entronizarse en el poder porque logró destruir el sector privado y sus efectos constructivos y organizadores en la sociedad. Con la destrucción del tejido empresarial, el empleo y la subsistencia de las familias pasó a depender del Estado; es decir, del sistema chavista que ha centralizado el poder.
Sin considerar las experiencias de capitalismo de Estado de China y Vietnam (nadie sabe en qué terminarán estos experimentos), las regularidades de la historia universal de los últimos siglos nos indican que solo existe libertad y sistema republicano allí donde el Estado tiene un papel subsidiario en la economía. En otras palabras, allí donde el sector privado es la primera fuente de empleo y ejerce una forma de control del poder centralizador del Estado.
Por todas estas consideraciones, no llama demasiado la atención la manera cómo la izquierda ataca, demoniza y pretende destruir al sector privado. Allí está la violencia desatada en contra de las minas del corredor minero del sur, en nuestro país. Asimismo, allí está el plan de destruir la economía y las empresas emblemáticas de la industria minera, agroexportadora, láctea y otras, durante las olas insurreccionales luego del golpe fallido de Castillo.
Es incuestionable entonces que sin sector privado no existe libertad y sistema republicano. Sin embargo, los movimientos políticos y las bancadas de oposición que se enfrentaron al Gobierno de Castillo y detuvieron la asamblea constituyente, todavía no se animan a defender al sector privado, con la misma energía y voluntad con que se defendió el equilibrio de poderes.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)