Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Es incuestionable que el mensaje presidencial de Fiestas Patrias de la presidente Dina Boluarte, luego de la destrucción del Gobierno de Pedro Castillo, nos devuelve a un clima de normalidad política y económica. Hoy, existe un Gobierno que respeta la Constitución y que, de una u otra manera, está focalizado en la gobernabilidad. De eso no hay duda, al margen de las campañas del eje del bolivariano y los sectores progresistas que pretenden interrumpir el periodo constitucional mediante el adelanto de elecciones.
En el mensaje presidencial de Fiestas Patrias, a nuestro entender, los aspectos más positivos del discurso con respecto al mediano y largo plazo tienen que ver con el anuncio de inversiones en infraestructuras, por más de US$ 1,760 millones, mediante el sistema de asociaciones público privadas y obras por impuestos. Igualmente, el compromiso del Ejecutivo de mantener el déficit fiscal en 2.4% del PBI en el 2023 y la reducción gradual de la deuda pública. En el aspecto político e institucional se debe subrayar la decisión de enfrentar la ola criminal, sobre todo con respecto a la delincuencia extranjera, y el compromiso de impulsar la reforma política mediante el debate de la bicameralidad y la reforma electoral, considerando la posibilidad de reemplazar el sistema proporcional por el modelo uninominal.
En el actual Gobierno entonces existe la voluntad de respetar la Constitución y ocuparse de la gobernabilidad. Sin embargo, a nuestro entender, hoy la gobernabilidad tiene una urgencia impostergable: la necesidad de relanzar el crecimiento de la economía y el proceso de reducción de la pobreza de manera inmediata. ¿Qué significa semejante afirmación? Que se materializen nuevas inversiones que generen empleo, eviten el deterioro de la economía y nos saquen del actual abismo de la recesión.
En ese contexto, lo anunciado por el Ejecutivo en Fiestas Patrias ni siquiera alcanza para empezar, como se dice. En cuanto a medidas inmediatas, ¿por qué el Ejecutivo se negó a comprometerse con el restablecimiento del Estado de derecho en el corredor minero del sur? Y no se dijo nada con respecto a proyectos mineros como Tía María, los proyectos mineros bloqueados en el norte del país, la derogatoria de los decretos laborales promulgados por el Gobierno de Castillo y el restablecimiento de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) para garantizar inversiones en agroexportación en las 100,000 hectáreas que se habilitarán por el destrabe de Majes Siguas II y la tercera etapa de Chavimochic.
Únicamente medidas de ese tipo pueden relanzar el crecimiento y detener de manera inmediata el aumento de la pobreza. Vale recordar que la pobreza antes de la pandemia bajó al 20% de la población. Luego del Gobierno de Castillo llegó al 27.5% (más de nueve millones de peruanos). Y si las cosas siguen de esta manera llegarán a un tercio de la población en el 2026, sobre todo por la falta de nuevas inversiones y la lentificación del crecimiento. El mayor logro del Gobierno de Castillo y del eje bolivariano es haber detenido la reducción de la pobreza.
Faltaron, pues, medidas inmediatas para la reactivación, más allá de los anuncios del incremento de gasto estatal a través de programas como Punche Perú. Y ni qué decir de las reformas de mediano y largo plazo, que pueden acercarnos al crecimiento sostenido, tales como una nueva reforma tributaria que simplifique y reduzca los impuestos para ampliar la base tributaria del país, el desarrollo de una reforma laboral para enfrentar la informalidad del empleo e incrementar la productividad y competitividad de la economía. Igualmente, las reformas de la educación y de salud siguen formando parte de la agenda pendiente.
En el mensaje de Fiestas Patrias, de alguna manera, el eje ordenador fue la defensa de la Constitución y las instituciones. Sin embargo, a nuestro entender, se olvidó que el principal factor de estabilidad institucional y el peor enemigo del eje bolivariano y la constituyente ha sido el proceso permanente de reducción de pobreza en el país. Hoy todo eso ha cambiado. El Perú vuelve a aumentar este flagelo y los anuncios no alcanzan para relanzar el crecimiento y la inversión privada.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)