Chinecas en su hora decisiva:
En declaraciones brindadas al influyente diario Gestión, el director ejecutivo de Pro Inversión, José Salardi, ha sido tajante al referirse al futuro Chinecas. Sin titubeos, ni medias tintas, el alto ejecutivo del gobierno central ha expresado que “el gobierno regional de Ancash tiene que subsanar las tierras, para que no exista ninguna fricción”.
Interpretando las afirmaciones del titular de Pro Inversión, podemos arribar a una conclusión inequívoca. Si se quiere hacer de Chinecas un proyecto realmente viable, lo primero que tiene que hacer el gobierno regional es sanear la situación física y legal de las tierras que en este momento se encuentran ocupadas por una inmensa legión de invasores. No existe otra alternativa. Cualquier estudio que se realice obviando esta situación, simplemente sería un esfuerzo y un gasto en vano. Ningún proyecto de desarrollo nacional podría ser declarado factible en las condiciones en las que actualmente se encuentra Chinecas.
Salardi brindó estas declaraciones tras confirmar que el 22 del presente mes, Pro Inversión lanzará la convocatoria internacional a fin de seleccionar a la empresa consultora que se encargue de elaborar el estudio técnico de pre inversión para la ejecución de Chinecas. El monto destinado para la elaboración de dicho estudio es de un millón y medio de dólares. Lo que quiere decir, que esta vez la cosa va en serio. Con esto, después de 37 años perdidos por culpa de la politiquería, una vez más Chinecas tendrá que empezar desde cero.
Pero, como bien lo ha puntualizado el director ejecutivo de Pro Inversión, todo tiene que empezar solucionando, sí o sí, el caso de los invasores. Desde hace más de veinte años, más de 2 mil de estas personas se encuentran en posesión ilegal de un universo que supera las 3 mil hectáreas. Los hay pequeños, medianos y grandes agricultores, entre los que aparece la poderosa empresa agroindustrial San Jacinto con 406 hectáreas invadidas en su poder.
En su intento de formalizar la situación de estas personas, desde hace veinte años el estado ha promulgado hasta cinco leyes brindándoles la oportunidad de convertirse en propietarios legales de las tierras que usufructúan. Lamentablemente, todo ha sido en vano. Por una razón muy sencilla, a ninguno de los invasores le conviene la formalización. Pues si se convirtieran en propietarios legales, van a tener que pagar al estado no solamente por la tierra que ocupan, y que además sub arriendan, sino también por el agua que consumen, y que por ahora sustraen.
Si a pesar del tiempo transcurrido, los invasores de Chinecas gozan de este ilegal privilegio, es porque, desde el interior del gobierno regional, las autoridades y funcionarios de turno se lo permiten. Y eso se ha podido ver claramente en las últimas visitas que ha realizado a Chimbote el gobernador regional Koki Noriega, donde aparece animadamente rodeado por connotados invasores de Chinecas.
Si Pro Inversión está dispuesta a cambiar esta historia, en buena hora. Pero el gobierno regional de Ancash también está en la obligación de poner mucho de su parte. La inexistencia de un plan de desarrollo regional, la falta de capacidad de gestión y la ausencia de un equipo técnico capacitado, que lo caracterizan, ha dado lugar a que se tenga que acudir a Pro Inversión; es decir, para que este organismo del gobierno central haga lo que el gobierno regional no es capaz de hacer. Sin embargo, eso no quita que tengamos que hacer una última invocación: Pro Inversión si, pro invasores no.