Al menos 60 organizaciones sociales de pescadores artesanales y varias empresas pesqueras nacionales e internacionales manifestaron su oposición al proyecto de ley N°5496/2022-CR a través de comunicaciones oficiales enviadas tanto al Ministerio de la Producción (PRODUCE), como al Congreso de la República.
Todas coinciden en que el proyecto de ley debe ser archivado porque carece de validez técnica, legal y ética. Hasta el momento, el PRODUCE no se ha manifestado públicamente sobre el proyecto de ley.
Sin embargo, a través de dos oficios enviados el pasado 5 de septiembre al presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República y el 2 de octubre a la Asociación de Armadores Artesanales de Consumo Humano Directo de Paita (AAARCUDIPA), da muestra de un doble discurso.
Por un lado, señala que la ley es viable con observaciones y, por otro, que la propuesta resulta inaplicable a la fecha.
Lejos de cumplir con su papel como ente técnico responsable de ofrecer una opinión especializada para la toma de decisiones, PRODUCE parece desconocer cómo nació el proceso de formalización de embarcaciones y su marco legal, con un único objetivo: apaciguar a los gremios de pescadores artesanales.
Diversos gremios del sector solicitaron al presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República el archivo del Proyecto de Ley N°5496/2022-CR considerando que permitiría la formalización de más de dos mil embarcaciones pesqueras ilegales y que pondría en riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros de pota y perico y la actividad artesanal.
Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (SONAPESCAL), explica las razones por las cuales ciertas embarcaciones no lograron formalizarse: su existencia no fue verificada, en unos casos; y, en otros, no se realizó el trámite dentro del plazo legal, julio 2023.
Añade, también, que desde 2015 rige en Perú la prohibición de construir embarcaciones artesanales y que tanto la Dirección de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) como PRODUCE tenían claro que la flota artesanal existente para el proceso de formalización ascendía a 2490 embarcaciones; por lo tanto, si no lograron acreditar su existencia, significa que son embarcaciones ilegales, construidas recientemente.
Por su parte, Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, afirma que el proyecto de ley resulta inviable porque lo único que estaría logrando es formalizar embarcaciones que se construyeron de manera ilegal desde el año 2018.
Además, pide tener en cuenta que los recursos perico y pota fueron declarados “plenamente explotados” por el Instituto del Mar del Perú, en 2021.