Eso falta para combatir inseguridad:
En su reciente visita a Chimbote, a donde acudió para colocar la primera piedra de lo que será el Módulo Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, el presidente del Poder Judicial, Dr. Javier Arévalo Vela, ha puesto el punto sobre las íes en un tema de gravitante actualidad e interés nacional.
En sus declaraciones a la prensa local, el máximo representante de este poder del estado ha dicho, sin vacilación alguna, que toda declaratoria de emergencia para combatir la inseguridad y la criminalidad en el país, por sí sola no dará ningún resultado positivo.
Para que esto último pueda suceder, el presidente del Poder Judicial ha dicho que toda declaratoria de emergencia, necesita estar acompañada de otros soportes básicos e indispensables. Entre estos soportes, mencionó la dotación de personal y equipos especializados, presupuesto para cubrir los operativos en forma inmediata y el apoyo logístico que todo esto supone. Sin estos soportes, toda declaratoria de emergencia quedaría en palabras y nada más.
Y razón no le falta al máximo representante del Poder Judicial. La experiencia que se vive en estos momentos en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porras y La Victoria, declarados en emergencia, lo dice todo. Justamente por falta de planes y de capacidad operativa, en estos lugares la batalla contra la inseguridad se mantiene inclinada a favor de la delincuencia y la criminalidad.
De otro lado, el Dr. Arévalo Vela añadió que, tan importante como la acción operativa, es el respaldo jurídico que ésta necesita. En ese sentido demandó la pronta promulgación de la Ley de Flagrancia, que ya lleva buen tiempo a la espera de ser aprobada por el Congreso de la República. Remarcó que el respaldo jurídico es indispensable para eliminar de raíz el problema de inseguridad y al mismo tiempo para repotenciar la labor policial. Pues se han dado casos de efectivos policiales que han ido a parar a la cárcel por hacer uso de su arma de reglamento, incluso en defensa propia.
Como todos sabemos, se estima que en el Perú hay más un millón y medio de extranjeros que han ingresado al país en forma ilegal y que se mantienen en esa misma situación. Para sobrevivir, muchos de ellos, sino la mayoría, actúan al margen de la ley. Pero cada vez que cometen un delito y caen en manos de la policía, a la legislación peruana le tiembla la mano para sancionarlos con todo el peso de la ley. Además, todavía existen pactos internacionales, firmados por el Perú, que se ponen del lado de estos delincuentes invocando el principio de los Derechos Humanos. La pregunta es: ¿y quién defiende el derecho de las víctimas?.
Conclusión. Para ganar la batalla contra la inseguridad y la criminalidad, no queda otra cosa que toda declaratoria de emergencia sea operativa y no solamente declarativa, y que las leyes respalden este accionar.