Por: Víctor Andrés Ponce (*)
A propósito de la edición CADE 2023, que se desarrolló bajo el lema “Volver a creer para volver a crecer”, nos gustaría plantear una ucronía: ¿qué habría sido del Perú en las últimas tres décadas sin el aporte del empresariado privado? A nuestro entender, no hay un país posible sin la movilización privada de esos años.
Recordemos que, a fines de los ochenta, el llamado Estado empresario del velasquismo había estallado en pedazos, generando un déficit fiscal sin control y una hiperinflación que arrojó a más del 60% de la población debajo de la línea de la pobreza. Asimismo, las más de 200 empresas estatales que se crearon –incluso para vender arroz y leche– parasitaron bajo el proteccionismo del comercio, del control de precios y todas las regulaciones antimercado posibles. La hiperinflación, la pobreza y el terrorismo llevaron a descartar el modelo del Estado empresario y, a inicios de los noventa, se desarrollaron las reformas económicas (ajuste macroeconómico, privatización de empresas estatales y liberalización de precios y mercados) que se constitucionalizarían en la Carta de 1993.
En ese entonces no había capital privado en la minería, la industria, el agro, el comercio y los servicios. Bajo el impacto de las reformas de los noventa el capital y el sector privado retornaron a esos sectores y el Perú comenzó a crecer hasta convertirse en una sociedad de ingreso medio, luego de haber sido un país de mayoría de pobres. Sin embargo, mientras eso sucedía en la economía, la política se convirtió en una crisis perpetua, en la suma de todos los fracasos e ineficiencias. Fracasaron los partidos políticos, la mayoría de los intelectuales y la academia en general.
Si la economía siguió avanzando es porque los políticos no metieron las manos en la economía. Sin embargo, las narrativas y fábulas en contra de la inversión privada prosperaron en la política y, poco a poco, el Estado comenzó a sobrerregularse para volverse enemigo de la sociedad y la inversión privada. Finalmente, desde el 2014 se dejó de crecer a tasas sobre el 6% de la economía y se pasó a un mediocre 3% anual en promedio. En ese contexto, también se lentificó el proceso de reducción de pobreza hasta la llegada del gobierno de Pedro Castillo que nos empujó hacia abajo.
En ese sentido, pues, vale preguntarse, ¿qué habría sido del Perú sin el aporte del sector privado? Es incuestionable que ante el fracaso de los políticos, de la mayoría de intelectuales y de la academia, el país habría avanzado hacia la disolución, por las trampas que desatan un Estado fallido y la extensión de la pobreza. La idea de un país disuelto y atravesado por economías ilegales y zonas liberadas con caudillos regionales no parece algo descabellado.
Sin embargo, el surgimiento del sector privado más poderoso de nuestra historia (tanto en los mercados formales a informales) evitó la disolución y preservó la peruanidad. La pobreza en las últimas tres décadas se redujo del 60% de la población a 20% antes de la pandemia ( luego de Castillo se acerca al 30%). Vale destacar que, según todos los organismos multilaterales, del total de pobreza reducida en el país el 80% es producto del empleo generado por el sector privado. Igualmente vale señalar que las empresas privadas aportan el 80% de los ingresos fiscales y crean más del 80% del empleo.
Luego del Cade 2023 y sus interesantes conclusiones, creemos que también deberíamos preguntarnos qué habría sido del Perú sin el aporte privado en las últimas tres décadas. Y en seguida todos deberíamos entender que debemos retornar al camino de la promoción de la inversión privada mediante el fin del Estado burocrático y el desarrollo de reformas que nos enrumben otra vez hacia el crecimiento y la reducción de pobreza.