En licitación de obras públicas:
Lo sucedido con la paralización de la obra del hospital El Progreso, es un ejemplo de lo que nunca se debe hacer ni aceptar en el proceso de licitación de una obra del estado. No se entiende cómo es que los funcionarios del PRONIS, encargados de seleccionar al mejor postor, hayan aceptado que una de las empresas que conforman el consorcio que obtuvo la buena pro, haya acreditado su “solvencia económica y financiera” con la presentación de una linea de crédito por la suma de 31 millones 500 mil soles, otorgada por una cooperativa de ahorro y crédito de la localidad de Negritos, en Piura cuyo capital es de tan solo 600 mil soles. Más ingenuidad, imposible.
De acuerdo con la normatividad que rige actualmente todo proceso de contratación con el Estado, esta maniobra, propia de una película de ficción, no es ilegal. Increíblemente, está permitida. Esa y no otra, es la razón por la existen en el país más de un millar de obras paralizadas, 140 de las cuales, con una inversión que supera largamente los mil millones de soles, se encuentran en la región Ancash. Muchas de ellas están judicializadas y sometidas a engorrosos procesos de arbitraje, donde el único perdedor es el estado.
En su segunda intervención en la Conferencia Internacional “Frenando la Corrupción”, el titular de la Contraloría General de la República, ha señalado que, por supuesto, en los actuales procesos de licitación es posible seleccionar al mejor postor, pero al mismo tiempo “es bien difícil” lograrlo porque más de las veces las propias reglas del estado permiten que la licitación caiga en manos de cualquier empresa advenediza, sin mayor experiencia ni solvencia. “Si una obra hace mal su primer entregable, como es el expediente técnico, entonces todo lo que sigue está mal” ha sentenciado al respecto, el contralor Nelson Shack.
Como se puede apreciar, la mayoría de las licitaciones públicas terminan siendo adjudicadas a consorcios integrados por empresas con malos antecedentes y que se han formado de la noche a la mañana, violentando descaradamente las normas de control del estado. Por encima de una correcta gestión pública, gana el oportunismo y la deslealtad.
En otro pasaje de su intervención, Shack anunció que en marzo del 2024 la Contraloría General de la República va a implementar un índice de la Corrupción y asimismo un Índice de los Riesgos de Inversión, habiendo sugerido asimismo la implementación de una Ficha Única del Proveedor, todo ello con el fin de restablecer un mayor control y alertar a los organismos públicos a la hora de elegir al mejor postor de una obra.
En ese sentido, no deja de llamar la atención que el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, OSCE, no inhabilite en el sistema de control a muchas empresas que han incurrido en irregularidades. Esa no deja de ser una ventana abierta para que malos postores accedan indebidamente a un proceso de licitación y desplacen al mejor postor.