Editorial

Adjudicaciones con sabor a fraude

Invasores de Chinecas:

En declaraciones publicadas en nuestra edición del sábado último, el abogado Donato Díaz Nieto, experto en temas jurídicos relacionados con el proyecto especial Chinecas,  ha  formulado una precisión que no podemos pasar por alto. El conocido hombre de leyes ha dicho que al  alrededor del 80 por ciento de los trabajadores de este organismo público, son posesionarios ilegales, es decir invasores de las tierras del  proyecto por el que reciben  un sueldo del estado.     

Según el abogado Donato Díaz Nieto, esa sería la razón por la que, desde hace más de veinte años y desde el interior de Chinecas, se ha saboteado   sistemáticamente el cumplimiento de hasta  tres leyes que ha promulgado el gobierno con la intención de formalizar la situación de estas personas. Se calcula en alrededor de  15 mil el   número de hectáreas de propiedad de Chinecas que se hallan en poder de estas   personas,  quienes jamás han pagado un sol, ni por la tierra que ocupan ni por el agua que consumen.

La última de estas leyes, la N° 30725, fue promulgada el 23 de enero del 2018 y caducó el 31 de diciembre del mismo año, sin que ninguno de los invasores  diera la menor muestra de intención de acogerse a ella. No hay nada mejor que seguir  usurpando las tierras del estado, sin pagar nada a cambio.

Pero para los invasores, las luces de alerta se han encendido recién a mediados del presente año, cuando el gobierno regional de Ancash y Pro Inversión suscribieron el convenio para la formulación de un nuevo estudio de pre inversión, uno de cuyos requisitos  básicos es la solución,  previa y definitiva, del problema creado por los invasores.       

Ha sido en atención a este intento que  se ha conformado la Comisión de Adjudicación de las tierras del proyecto, integrada por el gobierno regional, Chinecas, ministerio de Agricultura, juntas de regantes formales y, como para no creerlo, un representante de los trabajadores del proyecto quien, se supone, hará las veces de juez y parte. Algo que no creemos que ocurra en ningún otro proyecto  similar.

Paralelamente, el Congreso de la República  ha formado otra comisión multipartidaria a objeto de promover el apoyo político que requiere la cristalización de Chinecas. Ha sido precisamente en el transcurso de una reunión realizada por esta comisión el último fin de semana, en esta ciudad,  donde aparentemente ha saltado la liebre.

En dicha reunión, el vice ministro de Agricultura, Christian Barrantes Bravo, anunció la promulgación de la Resolución Ministerial N° 0395-MIDAGRI, de fecha 30 de noviembre del 2023,   que amplía por 300 días el plazo para las inspecciones oculares de las tierras de Chinecas ocupadas irregularmente.  Sin embargo, por mandato de la Ley 30725, este plazo caducó el 31 de diciembre del 2018, hace ya cinco años. ¿Puede una resolución ministerial modificar una ley ya sin efecto , o colocarse por encima de ella?.

Dicha ampliación, según el abogado Donato Díaz Nieto, tendría nombre propio a favor de los invasores de Chinecas  pero, además, estaría induciendo a los integrantes de  la Comisión de Adjudicación a incurrir en un grave error.  ¿Se nos viene una adjudicación con sabor a fraude?.