POR: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
Como se sabe, el Ejecutivo en sesión de Consejo de Ministros del día 09-10-2023, aprobó el proyecto de ley de reforma del Sistema Nacional de Pensiones, que ya fue enviado al Congreso de la República para su discusión y aprobación; idea consensuada entre las instituciones que tienen que ver con el tema previsional y el manejo de las finanzas públicas. Ojito, es un proyecto diseñado por lo más “graneado” de la intelectualidad del pais, agrupados en una Comision Multisectorial que estuvo conformado por la PCM, Ministerio de Trabajo, MEF, BCRP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
El sistema previsional que se busca implementar, por sobre todo tiene que ser autosostenible, teniendo como único sustento financiero a los aportes que hacen los trabajadores a través de la planilla de pagos, donde el empleador sólo oficia de agente de retención, por lo tanto este concepto no constituye un sobrecosto laboral para las empresas, tal como debe de ser. Resultando obvio que el espíritu de la reforma debe de ser el bienestar del trabajador en su etapa post laboral, percibiendo pensiones dignas.
Visto el tema con mayor objetividad, a nuestro parecer, el resolverlo acertadamente, no tiene nada de complicado, como se pudiera pensar, lo que hace presumir de que así sea, es la frondosidad legislativa que ha burocratizado el sistema; esta “telaraña” de normas la hace incomprensible al común de los trabajadores. Entonces, apelando a un poco de ingenio que todos tenemos, se puede arribar a soluciones imaginativas, prescindiendo del apoyo estatal en materia financiera. ¿Cómo así?, veamos, actualmente existe en el mercado dos opciones que se encargan de la administración de los aportes previsionales (ONP y AFP), como solución el Estado tiene que propiciar la creación de una tercera opción, circunscrito al ámbito del sector privado, para empezar desde “cero” y no sobre los escombros financieros de estas dos primeras opciones. Este aspecto con amplitud ya lo habíamos planteado en el Diario de Chimbote, con la novedad de empoderar al trabajador, otorgándole un estatus de accionista (Sin hacer ningún aporte de capital) y aportante a la vez, para el efecto percibiendo doble beneficio: 1) Dividendo, al ser accionista de su institucón, y 2) Rentabilidad por sus aportes. cualquier reforma del Sistema Nacional de Pensiones, debe beneficiar a todos los trabajadores en actividad, que ahora tienen 50 años en promedio, o sea a nuestros hijos y sus descendientes.
En el tema de la jubilación no se puede seguir embalsando con falsas promesas las justas expectativas de los trabajadores. No es el Estado quien tenga que asumir los costos de estos pasivos laborales, que solo es competencia de los trabajadores, a través de su “fondo individual”, los recursos públicos deben estar disponibles para otros sagrados destinos, como la salud, educación, políticas sociales, etc.
Se tiene que sincerar y transparentar el tema, hablándoles a los trabajadores con la verdad, tienen la errada creencia de que los fondos individuales son inagotables (ONP) y que holgadamente pueden solventar los periódicos incrementos de las pensiones, cuando esto no es así; con seguridad el fondo de muchos miles de ellos ya están agotados, y es el Estado en una muestra de aparente generosidad, asume los mayores costos de las pensiones. Desde esta óptica, los trabajadores tienen que ser concientes que con las bajas tasas de aportación (ONP 13% y AFP 10%), jamás podrán aspirar a percibir razonables pensiones de jubilación. Siendo así los otros derechos asociados a la jubilación (Aumentos, pensiones de viudez y orfandad) tienen que tener el sustento financiero del “fondo individual” de cada trabajador. Ya no más de subsidio estatal. Entonces con un razonable incremento en las tasas de aportación, más los beneficios de la tercera opción (Nueva institución administradora de los aportes, los rendimientos económicos de los jubilados estarán asegurados.
Toda obra humana es perfectible, tenemos que admitir que en el tema pensionario no se ha avanzado nada, situación que se refleja en las míseras pensiones que subyugan al trabajador para seguir perteneciendo a un régimen pensionario opresor, (No le queda otra), que atenta contra su dignidad humana, y todo esto por la ineptitud de las autoridades de turno que nos gobiernan. Sí señor, aunque Ud. no lo crea.
Están en trámite en el Congreso de la República tres proyectos de ley sobre el mismo tema, dos presentados por los congresistas y uno presentado por el Ejecutivo, todos ellos esperando su turno en las comisiones dictaminadoras. Nada nuevo hay por resaltar y que vayan a beneficiar a los trabajadores; sólo se nota algunos complementos con los que se pretende universalizar el sistema previsional, lo que estaría muy bien, por lo que ningún peruano debe de estar fuera de los alcances de este beneficio laboral. La universalización tiene que alcanzar a todas aquellas personas que perciban cualquier tipo de renta. Toda persona que hipoteca su tiempo a cambio de una salario, indiscutiblemente es un trabajador, así se le pague con un simple recibo, una orden de servicio o a través de una planilla; ocurrir lo contrario, simplemente será una grosera explotación al ciudadano común, que lo único que tiene son su fuerza corporal y su intelecto para trabajar, para que esta universalización funcione, se tiene que normar en el sentido de que toda remuneración, cualquiera sea la modalidad de pago, obligatoriamente debe de estar afecto a los aportes a un sistema previsional, y el Estado deje de ser el eterno benefactor cuando la “erudición” de sus altos asesores no funcionan.
Cuando se pasa revista a estos tres proyectos de ley, se nota que hay derroche de un exceso de populismo como si estuvieran en una competencia de quien ofrece más; todos ellos, coincidentemente, generándole al Estado de mayores cargas presupuestales, con compromisos que más adelante se convertirán en ineludibles, imposibles de ser retirados de la cartera de subvenciones, por esa condicion de “derechos adquiridos”. Dentro de esta perspectiva, la sensatez recomienda a los responsables del manejo presupuestal (Ejecutivo) y a los generadores de estos compromisos (Congreso), a no sobrecargar al Tesoro Público, con gastos de trascendencia política. Los recursos públicos que tienen como su fuente generadora de tributos a los productos agroexportables, a la minería y a otros, también son bienes perecibles, que en algún momento se acabarán, ¿Y cuando ello ocurra,, qué vendrá después?.