Desalojo de ocupantes ilegales:
Tras una serie de trámites técnicos y legales que han caminado a paso de tortuga, se acaba de otorgar a la procuraduría de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote un plazo de cinco días para ejecutar la orden extrajudicial de desalojo del restaurant Rico Chimbote, un establecimiento que desde hace treinta años ocupa ilegalmente un espacio de uso público de 175 metros cuadrados destinado para áreas verdes, ubicado en la estratégica esquina que forman las avenidas Brasil y Anchoveta.
Como ya lo hemos mencionado en un comentario anterior, la eficiencia y la efectividad de la gestión que realiza una municipalidad, no se mide únicamente por la cantidad de asfalto, cemento y ladrillo que utiliza. Se mide, básicamente, por su capacidad para respetar y hacer respetar el principio de autoridad, que no es otra cosa que el estado de derecho. Esa es la piedra angular para que una municipalidad sea capaz de inspirar respeto y de imponer orden y seguridad a favor de sus vecinos.
Realmente, no se necesita de acudir a mayores interpretaciones o elementos de juicio para convenir que, solamente un municipio investido de autoridad, está en condiciones de garantizar una gestión efectiva y eficiente, en este caso de orden y seguridad urbana.
Prácticamente desde su creación en 1994, se ha podido advertir que las autoridades y los funcionarios de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote, no han demostrado el menor interés en recuperar el área invadida por el propietario de dicho restaurante. Por el contrario, se han puesto del lado del invasor; tanto así que, antes de dejar el cargo, el propio ex alcalde Domingo Caldas Egúsquiza, abogó para que se le permita al invasor seguir ocupando dicha área, argumentando que después de tantos años “deberían dejarlo trabajar tranquilo”.
La Ley 30230, en sus artículos 65 y 66, establece los mecanismos y procedimientos legales para proceder a la desocupación de estas áreas, que están consideradas como propiedad estatal. Una vez notificada, y después de agotada la vía administrativa y judicial, la procuraduría de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote dispone de un plazo de cinco días para ejecutar el desalojo.
El lunes 18 de la presente semana, el gerente municipal, Tony García Santander, puso en manos de la procuradora, Aylin Luciano Loyola, la orden para ejecutar el desalojo del restaurant Rico Chimbote con apoyo de la fuerza pública. Eso significa que hoy, jueves 21 de diciembre, ya estaría por agotarse el plazo de ley.
Por otro lado, ante cualquier imponderable, el dispositivo señala que, en caso que la municipalidad no ejecute la orden, tendrá que ser la Superintendencia de Bienes Nacional, en salvaguarda de los intereses del estado, la institución que se encargue de hacer cumplir este mandato legal.
En menos de diez días, la Municipalidad Provincial del Santa ha hecho lo propio con dos inmuebles de material noble que desde hace varios años ocupaban la vía pública; uno de ellos ubicado en al pasaje Coliseo del P.J. Pueblo Libre y otro en la urbanización El Trapecio. En ninguno de estos casos hubo marcha atrás. Sencillamente se impuso el principio de autoridad.
A propósito, hay algo que tampoco puede pasar por desapercibido. En los treinta años que el restaurant Rico Chimbote viene ocupando la vía pública, no han sido precisamente las autoridades ni los funcionarios de la municipalidad de Nuevo Chimbote los más interesados en recuperar este espacio de uso público. Han tenido que ser los dirigentes de la asociación de moradores de la urbanización Santa Cristina, encabezados por don Ronald Rubiños Guanilo, quienes han tenido que salir al frente, exponiéndose incluso a todo tipo de amenazas.
Lo que suceda en las próximas horas, será una prueba de fuego para poner en claro hasta qué punto la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote es capaz de imponer el principio de autoridad.