A pesar de contar con el respaldo de la Ley 30230 que dispone la recuperación de bienes de propiedad del estado, así como de la ley de 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y asimismo a pesar de tener a su favor un mandato extrajudicial refrendado por el Memorándum N° 1384 que ordenan al unísono el desalojo del restaurant Rico Chimbote, la procuradora de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote, Ayli Luciano Loyola, ha puesto de manifiesto una preocupante falta de autoridad y que le tiembla la mano para cumplir con el referido desalojo. En un inocultable intento de lavarse las manos y esperar que sean otros quienes den la cara por ella, ha solicitado que sea la Superintendencia de Bienes Nacionales quien se pronuncie y resuelva este problema que, después de todo, es de competencia estrictamente municipal.
Así lo dio a conocer a este medio el señor Ronald Rubiños Guanilo, presidente de la Asociación de Moradores de la Urbanización Santa Cristina, escenario donde se encuentra esta antigua y ominosa ocupación ilegal, que se han convertido en la más grande exhibición de prepotencia en agravio de la sociedad.
Conforme han opinado abogados especializados en temas de esta naturaleza, los espacios de uso público, ya sean pistas, veredas, parques y áreas verdes, son propiedad del estado y nadie en particular puede irrogarse la propiedad ni el uso exclusivo de estos espacios. Así, bajo estos parámetros, estos lugares figuran en los planos de desarrollo urbano aprobados por el ministerio de Vivienda e inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
En el supuesto caso que la Superintendencia de Bienes Nacionales resolviera a favor del restaurant Rico Chimbote, por principio de jurisprudencia podrían acogerse a este beneficio muchos otros ocupantes ilegales, como por ejemplo los que han invadido pistas y veredas en la avenida Argentina y, por supuesto, los mismos invasores de Chinecas. Se estaría legalizando la ilegalidad.
Según los abogados, más allá de las leyes y disposiciones que norman su funcionamiento, ninguna municipalidad del país necesita de mayores interpretaciones jurídicas para imponer su autoridad. Eso se pudo ver con el desalojó a los comerciantes que durante cuarenta años ocuparon los alrededores del mercado Modelo y, recientemente, con los comerciantes informales que pretendieron adueñarse del céntrico jirón Tumbes.
Sería irresponsable de nuestra parte juzgar por adelantado lo que podría resolver la Superintendencia de Bienes Nacionales, pero eso no nos impide hacer eco y atender el reclamo de los moradores de la urbanización Santa Cristina que, frente a todo lo que viene sucediendo, ya no saben a quién acudir en busca de obtener justicia.
En tales circunstancias, lo peor que podría suceder ante esta notoria falta de autoridad municipal, es que el problema sea derivado a otras instancias jurisdiccionales con toda la pérdida de tiempo y el embrollo jurídico y administrativo que eso significa. Treinta años sin poder resolver un problema, dice mucho de la incapacidad crónica que se ha instalado al interior de la comuna de Nuevo Chimbote.