Señores fiscales:
En realidad, esto solo sucede en Chimbote. El último fin de semana, con esquela de invitación de por medio, el Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Santa -según lo manifestado por sus propios dirigentes, en sus redes sociales- donó a sus agremiados lotes de vivienda que se hallan en un terreno de sesenta hectáreas cuya propiedad legal se encuentra registrada a nombre del Proyecto Especial de Irrigación Chinecas.
En el momento de ser intervenidos por funcionarios de Chinecas y del gobierno regional de Ancash y miembros de la Policía Nacional, los representantes legales de la Asociación de Vivienda Villa del Universitario, manifestó que ellos habían comprado el terreno a la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco, absteniéndose igualmente de brindar mayores explicaciones sobre el particular.
Al respecto, es posible que esta última aseveración tenga relación con el texto de un mural colocado en el lugar, donde se puede leer en grandes caracteres “Propiedad Privada. Comunidad Indígena de Chimbote y Coishco. Personería Jurídica N° 11001672. SUNARP-Chimbote. Adjudicatario: Villa del Universitario”. Los que no van a aparecer nunca son los de la Comunidad Indígena.
De confirmarse todo lo actuado y todo lo manifestado por los representantes del gremio de trabajadores judiciales y de la Asociación de Vivienda Villa del Universitario, la verdad es que estaríamos ante un hecho atípico que exige la más urgente aclaración. De ser cierto que la Comunidad de Indígenas está investida de facultades para vender o donar las tierras que son propiedad del proyecto especial Chinecas, quiere decir que este organismo del gobierno regional de Ancash, con más de treintaicinco años de existencia, está pintado en la pared.
Siendo así, habría que preguntarse ¿qué sentido tiene que Pro Inversión y el gobierno regional hayan suscrito un convenio para el relanzamiento de Chinecas? . Precisamente, la primera condición para que este relanzamiento se concrete es el desalojo de todos los invasores del proyecto. Por esa razón, permitir una nueva invasión de sus tierras equivale a ponerle la cruz a Chinecas.
Por otra parte, en el supuesto caso que la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco haya vendido o donado el terreno de la Villa del Universitario, también estaríamos ante otro imposible jurídico. Entre otros dispositivos, la Ley 27811, Ley de Comunidades Indígenas, recalca que las tierras comunales no pueden ser enajenadas y menos ser objeto de ninguna transacción comercial.
En medio de esta atmósfera donde todo huele mal, ya es tiempo que el Ministerio Público inicie de oficio una investigación a fondo para descartar cualquier malentendido y poner las cosas en su lugar; con mayor razón si está de por medio el Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Santa y, según las redes sociales, algunos jueces y fiscales de Chimbote.
Por un lado está en juego la honorabilidad de los servidores judiciales y, por otro, el destino de un proyecto llamado a garantizar el futuro de Chimbote. Señores fiscales, investiguen por favor.