Política

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público también tiene su lotización

Son tres gremios organizados los que invaden Chinecas

No solo se trata de un gremio de un grupo organizado los que se encuentran lotizando terrenos que le pertenecen al Proyecto Especial Chinecas, sino que existen otros dos sindicatos más que realizan la misma tarea, según fuentes dignas de todo crédito y que aseguraron a este Diario que, el lugar donde intervino Chinecas le corresponde al Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, que en ese momento estaba siendo nivelado por maquinarias.

Se trata entonces de tres grupos organizados que están lotizando terrenos de Chinecas y son el Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial del Santa, Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público del Santa y trabajadores de Defensa Pública. Estos grupos han recibido en donación terrenos para que sean lotizados y entregados a los afiliados de estos tres gremios sindicales por parte de la Asociación Villa del  Universitario.

Estos tres grupos se han organizado para hacer trabajos de nivelación de terreno y han solicitado aportes a cada de los afiliados de estos gremios para que sean ellos los que financien estos trabajos de nivelación e ingeniería, es decir, la lotización que estaban llevando a cabo. En otras palabras, con aporte de los afiliados de esos gremios, se financió el trabajo de lotización que se ha estado realizando.

Nuestro Diario ha publicado el enorme cartelón de la Asociación Villa del Universitario, donde afirman que ellos compraron los terrenos a la Comunidad Indígena de Chimbote y Coishco y, es precisamente esta asociación, la que dona el terreno a estos tres gremios sindicales antes citados.

A estas alturas, es evidente que los terrenos de Chinecas están a disposición de traficantes, audaces y de todos aquellos que hacen negocio y, donde lamentablemente, no hubo autoridad que intervenga para terminar el problema de los invasores.

El asunto de la Comunidad Indígena dentro de los terrenos de Chinecas es de absoluta responsabilidad de todas las gestiones que han pasado y no han intervenido, fundamentalmente desde que el proyecto fue transferido al gobierno Regional de Áncash, porque es esta entidad la que tiene que haber protegido a través de la Procuraduría Regional.

El asunto del tráfico de terrenos y las implicancias para generar antecedentes a base de denuncias utilizando a la Comunidad Indígena se comprueba con esta supuesta donación a entes que están involucrados en la administración de justicia como son los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública. Ese es el objetivo de la donación y por eso las preguntas que ahora aparecen y quien los investigará si están involucrados de por medio, a gente que trabaja en los sistemas de administración de justicia en nuestra jurisdicción.