Nadie cree semejante farsa:
El hecho que detrás de cada invasión de tierras de propiedad de Chinecas aparezca la mano tenebrosa de traficantes, oportunistas y gente de mal vivir, hace tiempo ha dejado de ser una novedad. El asalto a mano armada que perpetran diario estas personas se ha convertido en un delito común, donde todo el mundo gana y el único que pierde es el estado. De ahí que resulta por demás inaceptable que en los últimos días se hayan sumado a esta vorágine de ocupación ilegal trabajadores del estado quienes, paradójicamente, laboran en tres instituciones magnificentes encargadas de hacer respetar la ley y administrar justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Tal como lo hemos dado a conocer en calidad de primicia en nuestra edición del último fin de semana, la invasión de sesenta hectáreas de propiedad de Chinecas emprendida por una institución de fachada denominada “Asociación de Vivienda Villa el Universitario”, es en realidad un acto disfrazado de legal que lo único que busca es favorecer con un lote de vivienda a servidores de estas tres instituciones públicas. El estado contra el estado.
Lo que da qué pensar es que no estamos frente a hecho casual o aislado, ni mucho menos ingenuo. A diferencia de otros casos análogos que se perpetran a viva fuerza, la invasión de estas sesenta hectáreas responde a una incursión cuidadosamente planificada y ejecutada. Por tanto, podría decirse que el conocimiento y la experiencia en manejo legal que poseen estos servidores del estado, no estaría siendo correctamente utilizado.
Precisamente, para lograr este oscuro propósito los autores intelectuales y reales no han encontrado mejor fórmula para disfrazar este acto ilícito que acudir a subterfugio de la “donación”. Los hechos se encargan de revelar la verdad: la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco, dueña de nada, dispone las sesenta hectáreas de propiedad de Chinecas a la “Asociación de Vivienda Villa del Universitario”. A su vez, dicha asociación “dona” los lotes de vivienda a los trabajadores de estas tres instituciones del estado, a través de sus respectivos sindicatos. ¿Alguien en su sano juicio, puede dar por legitimado este increíble acto de benevolencia?
Lo grave es que la reciente invasión de tierras no responde a ningún hecho aislado ni mucho menos casual. Estamos frente a un acto premeditado, propio de una organización delictiva, que hace rato reclama una explicación por parte de los tres organismos tutelares. Pues más allá de responder a un insaciable apetito lucrativo, éstas y otras invasiones han colocado al proyecto Chinecas al borde de la extinción.
Esto último significa traer por los suelos la gran esperanza de convertir a Chimbote, Nepeña y Casma en un emporio de agro exportación, con la creación de más de 100 mil nuevos puestos de trabajo. Con más del 40 por ciento de sus tierras en poder de invasores, Chinecas es un proyecto técnica y legalmente inejecutable.
Lamentablemente, esta dolorosa realidad es por completo indiferente no solo para las autoridades que dirigen el gobierno regional de Ancash sino también para la comparsa de funcionarios que desfilan por las oficinas de Chinecas a quienes, dicho sea de paso, le tiembla la mano para proceder al desalojo.
En ese sentido, no llama la atención que el sindicato de trabajadores de Chinecas, jamás hayan salido en defensa de su centro de trabajo cada vez que produce una invasión. Muchos de sus eternos dirigentes, han ingresado a trabajar al proyecto después de haber sido conspicuos ayayeros y vocingleros de las portátiles que marchaban detrás de César Álvarez Aguilar. Mayores méritos, no hacia falta.
Y no solo eso. Estos dirigentes también son al mismo tiempo invasores y arrendadores de las tierras de Chinecas, inclusive con facultades para proponer el nombramiento de gerentes y funcionarios de confianza. Como quiera que ganan a dos cachetes, no se atreven a decir una sola palabra ante el escándalo generado por la “donación” a favor de los trabajadores judiciales. Hoy por ti…