Cada día que pasa observamos con impotencia cómo en todo el país aumenta en forma alarmante el número de obras públicas paralizadas y abandonadas. Solo en la ciudad de Chimbote, podemos observar con mucha amargura el abandono en el que se hallan, por ejemplo, el coliseo cerrado Gran Chavín, la avenida Costanera, el el coliseo cerrado de Coishco y recientemente el hospital El Progreso. Millones de soles que han salido de las arcas del estado, han terminado en el pozo sin fondo del despilfarro y, por supuesto, han ido a parar en los bolsillos de la corrupción. Lo cierto es que detrás de esta perversidad, hay decenas de obras inconclusas que representan una estafa en perjuicio de la comunidad.
Pero como también hemos podido observar, la paralización de estas obras y el mal uso del presupuesto del estado, no han sido objeto de ninguna sanción, ni contra las empresas contratistas que abandonan las obras después de recibir el adelanto, ni contra los funcionarios públicos que alegremente lo permiten. Por el contrario, se ha vuelto una insolencia inadmisible que más bien sea el contratista quien exija al estado una especie de reparación civil por daños y perjuicios, apelando al manoseado recurso llamado arbitraje. Algo extraño debe existir detrás de todo este menjunje porque hasta este el momento, el estado no ha ganado un solo arbitraje. Parece mentira, pero la verdad es que mientras todos ganan, el único que pierde, y por partida doble, es el estado.
Por increíble que sea, lo cierto es que este controvertido aprovechamiento se institucionalizado desde que el Congreso de la República, a propuesta del poderoso Club de la Construcción, despojó a la Contraloría General de la República de su facultad para sancionar por igual a los unos y los otros. Desde entonces, el principal órgano de control del estado solo puede emitir informes, proponer sanciones y esperar que el Ministerio Público formalice la denuncia penal correspondiente. Pero por lo visto, eso es como esperar que un camello pase por el hueco de una aguja. Todos los informes relacionados con obras abandonadas y paralizadas que presenta la Contraloría, terminan empolvándose en los archivos de la fiscalía. Lo sucedido con el canal San Bartolo de Santa y el bulevar Isla Blanca, así lo confirma.
Ha sido a raíz de este intolerable vacío de autoridad, que el Contralor de la República, Nelson Shack, ha anunciado que va a presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para que se sancione a las empresas contratistas que abandonan y paralizan obras públicas, incluyendo a quienes se desempeñen como supervisores y otros funcionarios que resulten responsables. Pues como bien lo ha manifestado, no hay corrupto público sin corruptor privado.
Sin embargo, la duda que nos inquieta tiene que ver con la actitud que asumirá el Congreso de la República ante esta propuesta de ley. Para los señores congresistas, los asuntos del país es lo que menos importa. El problema que afecta a 33 millones de peruanos, no es de su incumbencia. Eso es algo que no pasa por su mente. Ellos pertenecen a otro mundo. Lo que importa para el congresista es defender sus propios intereses, afianzar sus privilegios e incrementar sus bonos y otros beneficios personales.
En tales circunstancias y salvo que ocurra un milagro, es bien difícil esperar que la iniciativa del contralor Nelson Shack tenga la acogida que el país espera. ¿Acaso se atreverán los congresistas a levantar la mano para votar en contra de los intereses del Club de la Construcción?. Bien difícil. Todo parece indicar que, al menos en esta legislatura, las obras abandonadas seguirán siendo un delito sin sanción. Una verdadera lástima.