Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Ya no es posible postergar el momento de la reforma del sistema de justicia, a menos que algunos pretendan entregar la democracia, el sistema republicano, al vacío o a la emergencia de una fuerza antisistema. Es imposible que se hable de libertad política y económica sin esa reforma a la que ningún peruano de buena voluntad puede oponerse. Imposible.
Hoy es absolutamente incuestionable que las feroces disputas por el control del Ministerio Público, que la brutal y extrema judicialización de la política peruana y la extendida provisionalidad de los magistrados, nos señalan que todo es una suma de fracasos en el sistema judicial.
El argumento progresista acerca de que la desaprobación de los poderes elegidos –es decir, del Ejecutivo y del Congreso, que sobrepasa el 80% de la ciudadanía– le resta legitimidad al Legislativo para acometer esas reformas es un argumento que abona al vacío, a una salida autoritaria que, tarde o temprano, llegará si es que las instituciones y los poderes elegidos no asumen las funciones que le otorga la Constitución para proceder a la reforma.
El argumento progresista acerca de la desaprobación de las instituciones como límite para seguir gobernando es tan viejo como los debates de los filósofos griegos, quienes veían en la dictadura de las mayorías uno de los mayores problemas para la república. La misma dictadura de las mayorías que instauró el sistema soviético, que posibilitó el fascismo y el genocidio del régimen nazi. La misma dictadura de las mayorías que se invocó para legitimar las dictaduras cubanas y venezolanas.
En las democracias modernas, las mayorías eligen a los poderes, pero solo las instituciones gobiernan. El progresismo peruano, desempolvando los viejos argumentos fascistas, nos dice que los poderes elegidos no pueden acometer ni la reforma política ni la del sistema de justicia porque la alta desaprobación del Ejecutivo y el Congreso les resta legitimidad. En la república de Weimar en Alemania, igualmente, se argumentó que la alta desaprobación de los poderes elegidos les restaba legitimidad y, por lo tanto, fue posible la emergencia del Führer.
Es evidente, pues, que el Congreso tiene la ineludible e impostergable responsabilidad de sacar al sistema republicano de la devastadora amenaza al Estado de derecho que puede representar la crisis del sistema de justicia en el Perú. No hay argumento válido para no acometer la discusión y las reformas.
En ese sentido el Legislativo debe organizarse para debatir los dos grandes lineamientos de reforma constitucional que están en agenda. Por un lado, la propuesta de la congresista Gladys Echaíz, quien propone la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, entidad que asumiría las funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el nombramiento y designación de magistrados, y también se encargaría de la formación y la promoción de jueces y fiscales.
Por otro lado está la propuesta de José Luis Sardón, ex miembro del Tribunal Constitucional, quien propone retornar el constitucionalismo histórico antes de la dictadura militar de Velasco, modelo en que el Congreso elegía a los magistrados supremos a propuesta de la rama ejecutiva, y el poder Ejecutivo se encargaba de nombrar a los magistrados de las instancias inferiores, a propuestas de las cortes superiores.
En cualquier caso, negarse a la reforma del sistema judicial o postergarla para las calendas griegas es poner el Estado de derecho al borde del abismo o entregar el sistema republicano a las fuerzas antisistema.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)