Por: WALTER MIGUEL QUITO REVELLO(*)
La Cuenca de Nepeña está desprotegida. Uno porque faltan policías y otro porque no hay patrulleros para realizar los operativos. Sumado a ello tenemos que nuestros policías viven en sus comisarias que más parecen cloacas o calabozos. No tenemos un plan de seguridad ciudadana o si lo hay este no funciona o no sirve.
Partimos por la Ley de Seguridad Ciudadana que se entiende a la acción multisectorial, integrada y articulada que desarrolla el Estado, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, a través de la prevención, control, sanción y reinserción social, para garantizar una convivencia pacífica, la erradicación de la violencia interpersonal y la utilización libre de miedos de los espacios públicos frente a los diversos tipos de criminalidad nacional e internacional. Sin embargo, para esos objetivos, no hay personal, logística y voluntad política.
Con relación al personal, la comisaria de Cáceres del Perú cuenta con cuatro efectivos policiales por turno, la comisaria de Moro igual, la Comisaria de San Jacinto y Nepeña cinco efectivos policiales por turno, la comisaria de Samanco cuatro efectivos policiales por turno. Y según nuestra Constitución Política la Policía Nacional del Perú es el único encargado del orden. La pregunta seria. ¿Con cinco policías por distrito nos podemos sentir seguros? La respuesta es obvia. NO. Con tantos sicarios, vendedores de droga y otras enfermedades sociales.
Sin embargo, vemos en todos los distritos que jueces, fiscales, alcaldes y comisarios tomarse fotos de sus reuniones para combatir la inseguridad ciudadana y nos venden el cuento que tiene un plan integrado. Cuando en realidad los patrulleros de todas las comisarias, están en condiciones obsoletas y no sirven. ¿Con que vehículo van a realizar sus diligencias? Pura hipocresía para engañarnos que estamos seguros.
Las comisarías de la cuenca, más parecen cloacas, cuyo presupuesto para mantenimiento anual se desaparece con la pintura que llevan puesta o con los arreglos que realizan los albañiles que caen en su morada. Por citar un ejemplo, la comisaria de San Jacinto hasta ahora le pertenece a la empresa Agroindustrias San Jacinto. ¿Cuándo podrá el Estado construir una comisaria decente si el terreno no es de su propiedad?
Si bien, es cierto las Municipalidades cumple con elaborar sus planes de acciones distritales de seguridad ciudadana integrado al SINASEC, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Esos planes sólo se cumplen en el 10 %. Si queremos asumir en forma seria y responsable el problema de la inseguridad y la violencia, debe buscarse, a través de la investigación, el análisis de los fenómenos sociales, elementos suficientes para trazar una política de seguridad integral, que permita diseñar estrategias, adecuados para conseguir control de la seguridad.
El gobierno nacional, regional, provincial y distrital tienen presupuesto para trabajar en seguridad ciudadana y pueden gastar hasta 10% del canon minero, sin embrago, no se ve reflejado en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana porque obedece a políticas proselitistas más que a políticas integradas para resolver el problema de la inseguridad.
Una Política de seguridad integral debe considerar medidas de prevención, con abundante charlas a nuestros niños y jóvenes sobre valores, drogadicción, prostitución y delincuencia vista desde las diferentes especialidades salud, educación, policial, judicial y fiscal como primera base. Tener comisarias adecuadas con policías que pasen primero terapias psicológicas y de convivencia social porque en honor a la verdad al igual que ESSALUD, el que está en la puerta hacia arriba no sabe que es un funcionario público y el usuario un ignorante que necesita de su ayuda. Necesitamos urgente la unidad de todas las instituciones y que los gobiernos locales destinen recursos para dar inicio a la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana.
(*) Abogado