Por: WALTER MIGUEL QUITO REVELLO
En el Perú, durante los últimos años se ha desarrollado un ambiente político y social de extrema crisis, debido, al conflicto de poderes entre órganos del Estado, en particular entre el Gobierno Nacional que representa al Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, que es el Poder Legislativo, pero ahora vemos que el Ministerio Publico, Poder Judicial y Tribunal Constitucional también juegan su partido. El único perjudicado, es el pueblo con gobiernos desastrosos y una horrible justicia, en los últimos 15 años.
Empezamos con una pequeña reflexión, al Art. 113.2 de nuestra Carta Magna, que refiere que uno de los causales de vacancia es la permanente incapacidad moral (PIM), declarada por el Congreso. Al respeto algunos tratadistas refieren que la PIM, está referida, a la imposibilidad mental. El Tribunal Constitucional en al año 2003, se pronunció en el fundamento 26 de la STC N° 00006-2003-AI/TC, con relación al procedimiento de la votación refiriendo que no podía ser simple sino calificada, es decir, la 2/3 partes tenían que aprobar el vacado del presidente. Después el TC ha declarado improcedente las demandas competencial, siendo neutral, confundiéndolo con imparcialidad. Ese vacío, ha servido para que el partido que tenga la mayoría congresal pueda vacar un presidente, sin importar probar la PIM. Contribuyendo al desgobierno.
Mediante PIM, vacaron a Pedro Pablo Kuczynski Godard el 23 de marzo del 2018. Después asumió Martín Alberto Vizcarra Cornejo quien cerró el congreso cuando presentó una cuestión de confianza para modificar la Ley Orgánica de Elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y esta no fue deliberada porque el Congreso mantuvo su agenda y continuó con el proceso de elección de magistrados del TC y postergó para la tarde la discusión de la cuestión de confianza. Interpretando mal, el presidente como una negativa a la cuestión de confianza cerrando el Congreso el 30 de septiembre del 2019. Después Martín Alberto Vizcarra Cornejo, seria vacado por PIM, el 10 de noviembre del 2020. Asumió Manuel Arturo Merino de Lama, por mandato del Congreso quien renuncio el 15 de noviembre del 2020 por la muerte de dos jóvenes en las protestas en su contra. Asumiendo Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, el 17 de noviembre del 2020 la presidencia del Perú, por mandato del Congreso. José Pedro Castillo Terrones gano las elecciones nacionales y asumió el 28 de julio del 2021 siendo vacado por PIM el 29 de noviembre del 2022. Asumiendo la presidencia el 07 de diciembre de 2022, Dina Ercilia Boluarte Zegarra con más de 70 muertos en protestas en su contra; a la fecha no renuncia, ni cumple su promesa de llamar a elecciones presidenciales y congresales.
Con relación, al Presidente Pedro Castillo, fue detenido en fragancia por el delito rebelión cuando gozaba de inmunidad presidencial y este no había sido levantado por el Congreso. El delito de rebelión consiste en levantarse en armas desde el análisis objetivo como debe ser analizado el derecho penal y no analógico como refiere la Banda de Jueces a la cabeza de César San Martin, quienes refieren que, al dar una orden a los policías de cerrar el Congreso, nos encontramos en el delito de rebelión porque los policías usan armas. El ex presidente Castillo nunca se levantó en armas. Sin embargo, existe una investigación y prisión preventiva contra, el presidente Castillo por el delito de Rebelión. Que constituye, El lawfare, que es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. La palabra combina los términos law (Ley, derecho) y warfare (Guerra, conflicto), y se traduce del inglés como “guerra jurídica”. Que consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes en un Estado de derecho. Pero no solo es el Poder Judicial sino también el Ministerio Publico, la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides y sus asesores negociaron con congresistas la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la nación Zoraida Ávalos y el intento de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, con el objetivo de mantenerse en el cargo de fiscal de la Nación, a cambio, ella se comprometía a archivar las investigaciones fiscales de 46 congresistas, 46 votos a su favor. Es una necesidad para los corruptos tomar o desarticular, la Junta Nacional de Justicia por lo tanto su muerte o independencia está anunciada.
Como vemos, cada vez, es más profunda la crisis, por la toma del poder, por quienes no ganaron las elecciones o cumplen otras funciones en el Estado. Lo que constituye una muerte anunciada de nuestra democracia con gobiernos dictatoriales ya sea dura o blanda y para someter al pueblo, leyes como el Decreto Legislativo N° 1589, que penaliza hasta 15 años las protestas para defender un Estado corrupto. Es urgente tomar conciencia y participar directa y activamente, en nuestra democracia y defenderla, fortaleciendo o creando partidos y movimientos políticos con base, más sólidas, con valores, con respeto a los derechos de los trabajadores, con respeto a los principios democráticos.