En una obra de 7 millones de soles
La Contraloría halló a doce funcionarios del Gobierno Regional de Ancash con responsabilidad penal por haber descalificado ofertas más económicas a la seleccionada y autorizar pagos de liquidación, pese a no haberse cumplido plazos en la ejecución de la obra: “Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de riego de los sectores de San Miguel, Moyobamba, Unuhuanay, Gorgash, Molinohirca, Tranca y Socosbamba – Mariscal Luzuriaga – Ancash”.
Según el Informe de Auditoría N° 143-2023-2-5332-AC, evaluado desde octubre del 2017 a enero del 2022, da cuenta de ciertas observaciones durante la ejecución de la obra que incumplen con los reglamentos otorgados por el Estado.
En primer lugar, se halló que el comité de selección descalificó las ofertas de dos postores que, pese a cumplir con los requisitos y con mejor oferta económica, fueron rechazados, otorgándole la buena pro a otra empresa e impidiendo contratar en mejores condiciones por S/. 103,490.19.
Asimismo, se conoció que la Entidad (GORE Ancash) suspendió la ejecución de la obra por no cumplir con las condiciones para el inicio de obra, pagó adelantos directos, otorgándole al contratista fondos por S/. 689,934.56.
Según se conoce de la obra, en octubre del 2017 se aprobó el expediente técnico de la obra por S/. 7’398,312.82 por un plazo de 240 días calendario bajo la modalidad de ejecución por contrata a cargo del gerente regional de Infraestructura, Héctor Falcón Jara. En ese sentido, se descalificaron ofertas que cumplían con los requisitos, beneficiando al Consorcio Piscobamba, pese a haber ofertado un monto idéntico al valor referencial y poseer una experiencia con obras de saneamiento básico. Por ello, suscribe contrato en enero del 2018 y solicitando el pago adelanto por S/. 689,934.56, pese a que la Entidad no había cumplido con las condiciones para el inicio de obra, pues no se había iniciado el trámite para la contratación del supervisor de obra. Sin embargo, se realizó el adelanto tres meses antes del inicio de la obra, pues ésta recién inició el 19 de mayo del 2018.
Del mismo modo, se ha informado que los funcionarios y servidores de la Entidad tramitaron y pagaron adelanto directo por el monto de S/. 689,934.56 soles, sabiendo que no se cumplían con las condiciones para el inicio de obra, pues a febrero del 2018, no se había iniciado el trámite para la contratación del supervisor de obra.
Sobre ello, se conoce que el representante del Consorcio Piscobamba; Guido de Rossi Roggero Segura, presentó los documentos para la firma del contrato derivado de licitación en enero del 2018. Posteriormente, el subgerente de Abastecimiento y Servicios Auxiliares; Adrían Benito Mejía Morales, solicita la subsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, se dejó en constancia que el contrato de consorcio fue legalizado.
Finalmente, el subgerente de Administración Financiera; Armando Emerson Vílchez Rivera; deriva el documento de adelanto al área de Tesorería, emitiendo el comprobante de pago por más de S/ 600 mil soles, cuyo pago se hizo en tres transferencias de S/. 310,000 soles. Por ello, se evidencia que el gerente regional de Administración; Felipe Mantilla Gonzáles, permitió que el Consorcio Piscobamba se viera favorecido con el pago, sin que la Entidad haya iniciado con los trámites para la contratación del supervisor de obra.
También se supo que, el gerente regional de Infraestructura; Héctor Falcón Jara y el subgerente de Supervisión y Liquidación de obra, Jorge Dali Espinoza, en su condición de área usuaria, tenían pleno conocimiento de no haberse indicado el proceso de contratación del Supervisor, ya que ellos fueron miembros del comité de selección.
Con lo expuesto, se comprendido dentro de las personas involucradas a Héctor Gilberto Falcón Jara (gerente regional de Infraestructura) que, pese a haber tenido conocimiento sobre la dirección y ejecución de obra, creó condiciones para otorgar la buena pro al Consorcio Piscobamba.
Felipe Juan Mantilla Gonzáles (Gerente Regional de Administración), derivó con su sello de visto bueno a tesorería el pago del adelanto al contratista.
En segundo lugar, se ha dado a conocer que los servidores del GORE Ancash tramitaron y autorizaron el pago de la liquidación del contrato de obra, reconocimiento mayores gastos generales por ampliaciones de plazo que no les correspondía. Además, no aplicaron penalidad máxima pese a que la obra no se encontraba culminada al 100% dentro del plazo contractual, generando un perjuicio económico por S/ 1’140,525.15 soles.
Con los hechos expuesto, también se involucró a José Edgardo Chinchay Morales (gerente regional de Infraestructura), Pedro Miguel Velezmoro Saen (Gerente regional de Infraestructura), Alfredo Poma Samanez (gerente regional de infraestructura).
Ciro Luis Flores Delgado, quien fue gerente regional de Asesoría Jurídica, por no observar que el Contratista elaboró expediente del adicional con deductivo. Carlos Andrés Palacios Meza (subgerente de Supervisión y Liquidación de obra), permitió que el supervisor de obra no determine el monto de penalidad tras que el contratista no haya cumplido con el 100% de la ejecución de obra. Alexander Manuel Valdiviezo Garay (subgerente de Supervisión y Liquidación de obra), por emitir informe de conformidad de liquidación de obra.
Asimismo, Ivan Eugenio Callan Aley (subgerente de Estudios de Inversiones), por emitir informe de la evaluación del adicional de obra con deductivo vinculante, fuera del plazo estipulado. William Percy Rojas Vereay (subgerente de Estudios de Inversiones), por emitir informe donde recomendaba aprobar el expediente técnico del adicional deductivo. Armando Chapoñan Valdera (Ingeniero IV), por haber emitido y suscrito informe sin observar la modificación del plazo de 120 días de la partida. Así como Elvin Erasmo Calonge Angulo (Coordinador de obra), por declarar procedente la solicitud del adicional deductivo, sin observar que el Contratista elaboró expediente sin la autorización por parte de la Entidad. Max Steven Pajuelo Henostroza (Coordinador técnico), por solicitar al subgerente de Supervisión y Liquidación; Alexander Valdiviezo Garay, emitir resolución de liquidación de la obra, sin haber realizado la verificación de los documentos que forman parte de la ejecución de obra.
Además, se involucra la participación de terceros como Aníbal Chudan Heredia (Representante legal del Consorcio Ancash en su condición de Supervisor de obra y; Guido de Rossi Reggero Segura (representante legal del Consorcio Piscobamba.
Ante lo expuesto, el gobernador regional de Ancash deberá disponer el inicio de acciones administrativas que deslinden responsabilidad de los funcionarios y servidores del gobierno regional de Ancash, así como la Procuraduría deberá iniciar acciones penales contra los involucrados.