Por: Oscar Wong (*)
Transcurría la campaña electoral del año 2014. Un aspirante a la presidencia regional de Ancash (hoy, gobernación regional) ofrecía regalarle a cada familia S/ 500 mensuales provenientes del canon minero, si ganaba. La contienda bajó estrepitosamente de nivel, ya no importaban las ideas políticas, los planes, ni los no tan buenos antecedentes de este personaje; la gente se frotaba las manos y seguía el olor de los S/ 500 que ya se había apoderado de sus mentes y voluntad electoral. Así, más del 65% de electores votaron por él y lo hicieron ganador de la pujante contienda en segunda vuelta. El novísimo presidente regional, debía al Estado más de S/ 1 millón en reparación civil y por ello estaba impedido de ejercer dicho cargo; entonces, tuvo otra gran idea, hacer una gran rifa para que muchos incautos le ayuden a pagar su deuda.
Sólo estuvo poco menos de un año en la región, enfrentando a la par, juicios penales que ya tenía antes de su elección regional. Poco tiempo después terminó sentenciado a cinco años de pena privativa de la libertad. La historia corta es que, todos se quedaron con los crespos hechos, nadie recibió los S/ 500 del canon minero; estaba claro, sólo había sido un ardid para ganar votos. No es posible que se abuse tan nauseabundamente de la ingenuidad de los electores; que existan este tipo de políticos, inescrupulosos, que hacen creer que los chanchos vuelan y son sólo, vende humo.
Para que esto no vuelva a suceder, está claro que debemos ser más serios y responsables a la hora de elegir, de votar; pero, es también importante, que haya cambios en la forma de cómo se hace política en nuestro país. La política y elección democrática de los pueblos, es lo que hace posible que sus autoridades ocupen el puesto que ostentan; equivale a decir, que el pueblo extiende su confianza y le otorga un contrato moral, ficto (que deriva de una ficción legal), pero que en la práctica, resulta ser una especie de contrato laboral para ser presidente, gobernador o alcalde. Y lo que más importa aquí, es que les extendemos un contrato de largo plazo, cinco o cuatro años, según corresponda.
Cuando el sector privado contrata a un personal, generalmente, siempre opta por el profesional que acredite tener las mejores habilidades y cualidades; aun así, lo más común, es que este mejor candidato, pase primero un periodo de prueba; luego de tres, seis o un año de haber demostrado eficiencia laboral y de acreditar lo que su hoja de vida dice de él, la confianza se extiende y se le contrata por un plazo mayor. Pero esto no pasa en el sector público, con los presidenciables estamos obligados sí o sí a tenerlos por cinco o cuatro años aunque sean el extremo de la ineficiencia y de la inoperancia; podrían estar llevándonos al desastre y aún así tendríamos que esperar que a estos facinerosos, se les termine el contrato.
Por ello, es importante que la política electoral cambie, que haya nuevas o mejores reglas de juego. Una de ellas es, por ejemplo, dejar claro el contrato moral con el pueblo; pero que deje de ser una ficción legal y se convierta en un contrato político-moral real, formal; así, el presidenciable se obliga a hacer aquello que postuló mientras era candidato. A este contrato se le debe sumar, el plan político o plan de gobierno que cada partido está obligado a presentar ante su eminente postulación; este plan no debería ser tratado como un mero trámite o como más papeles para el reciclaje. El plan de gobierno es lo que el candidato dice estar capacitado para hacer y cómo lo va a hacer cuando llegue a obtener el puesto que ostenta; y el contrato político, es lo que lo obligará a hacerlo. Muchos, por no decir todos, llegan a ocupar estos cargos ofreciendo cosas maravillosas, pintando pajaritos en el aire; pero nadie se detiene a valorar el cómo se logrará y si será posible hacerlo. Entonces, necesitamos mejores filtros y mayor análisis que nos permitan tener a su vez, mejores candidatos, mejores políticos.
Si diéramos validez a estas ideas, tan solo queda, innovar la figura del juicio político; hasta ahora realizado ante el Congreso de la República pero sólo por aquellos actos propios de responsabilidad penal o constitucional del cargo que se ejerce. Pero y qué de aquellas omisiones, aquello que no se está haciendo y se dijo que se haría; aquello que está en el plan de gobierno y por lo cual se le extendió un “contrato político”. Eso también debería someterse a juicio, uno moral y político, pero juicio finalmente, y la inhabilitación como sanción.
(*) Abogado, MBA Centrum PUCP, Mtr. en Liderazgo EADA España. Mtr. en Biblia y Teología DTS EEUU (en curso)
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