Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Política
En un contexto de creciente judicialización de la política y ataques a principios fundamentales como la presunción de inocencia, es imperativo reflexionar sobre la importancia de este pilar del Estado de Derecho y su papel en la preservación de la democracia.
La presunción de inocencia, consagrada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en casi todas las constituciones del mundo, establece que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en una sentencia judicial firme. Este principio, que coloca la carga de la prueba en manos de quien acusa, ha sido reafirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado.
Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante fenómeno: la desnaturalización de la presunción de inocencia con fines de persecución política. Bajo el pretexto de combatir la corrupción, se ha generalizado el uso de mecanismos excepcionales como la prisión preventiva, convirtiendo a la justicia en un arma de amedrentamiento contra opositores políticos.
Esta judicialización de la política no solo vulnera principios fundamentales, sino que también socava la legitimidad del sistema judicial y la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando la justicia se convierte en un instrumento de venganza política, se corre el riesgo de que se pierda su esencia como garante de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
Es hora de poner un alto a esta deriva y volver a consolidar la presunción de inocencia como un principio inquebrantable. Debemos acotar el uso de mecanismos excepcionales como la prisión preventiva, evitando su abuso y asegurando que se apliquen solo en casos debidamente justificados. Asimismo, es necesario desjudicializar aquellos asuntos que corresponden al ámbito administrativo, como el incumplimiento de procedimientos en la constitución y funcionamiento de partidos políticos o la presentación de candidaturas.
Solo a través del respeto irrestricto a la presunción de inocencia y la despartidización de la justicia podremos garantizar un sistema judicial imparcial y eficaz, que actúe en defensa de los derechos de todos los ciudadanos, sin distinciones ni excepciones. La judicialización de la política es un peligro para la democracia que debemos enfrentar con determinación, reafirmando nuestro compromiso con el Estado de Derecho y la justicia como pilares de una sociedad justa y equitativa.