Por: FERNANDO ZAMBRANO ORTIZ
Analista Político
El 30 de septiembre de 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República, argumentando una “denegación fáctica” respecto a una cuestión de confianza presentada por su presidente del Consejo de ministros, Salvador Del Solar. Esta acción fue calificada como un golpe de Estado que corresponde ser analizado no solo desde la perspectiva constitucional, sino examinando el contexto político que condujo a esta decisión, el cual revela conexiones preocupantes con las investigaciones que el Congreso realizaba sobre la gestión de Vizcarra en Moquegua.
La verdadera razón detrás de la disolución del Congreso parece ser la intención de Vizcarra, con la complicidad de Del Solar, de evitar que su hermano, César Santiago Vizcarra Cornejo, fuera citado por la Comisión de Fiscalización en el caso CONIRSA, donde se le acusaba de corrupción.
1. 04/SET/2019: La Comisión de Fiscalización del Congreso decide citar por tercera vez a César Vizcarra por el caso CONIRSA y solicita facultades para obligarlo a comparecer.
2. 30/SET/2019: Del Solar irrumpe en el hemiciclo del Congreso para plantear una cuestión de confianza sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, un asunto que competía exclusivamente al Congreso.
3. 30/SET/2019: Esa misma noche, Martín Vizcarra disuelve el Congreso mediante una interpretación inconstitucional, alegando una figura inexistente de “denegación fáctica” ante la inminente citación a su hermano.
4. 14/ENE/2020: El Tribunal Constitucional, en una sentencia con solo cuatro votos a favor, declara constitucional la disolución del Congreso.
5. 19/JUN/2023: En un nuevo fallo, el Tribunal establece que la figura de “denegación fáctica” utilizada por Vizcarra es contraria a la Constitución y que solo el Legislativo puede determinar el rechazo a una cuestión de confianza.
En necesario precisar que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de modificar su interpretación sobre un tema específico y dejar sin efecto resoluciones anteriores, incluso si estas fueron emitidas por otros magistrados. Esto es crucial para adaptar el derecho constitucional a nuevas realidades. Así, en su sentencia más reciente, el Tribunal ha declarado que la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra fue inconstitucional y constituyó un golpe de Estado.
Pero más allá de ello, luego de apreciar los hechos que precedieron la decisión presidencial, existe evidencia de que la disolución del Congreso perpetrada por Vizcarra parece haber tenido un trasfondo oculto: evitar que su hermano compareciera ante el Congreso por un caso de corrupción (CONIRSA).
Recordemos que la empresa del presidente de la República, Martín Vizcarra “C y M Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas” fue una de las proveedoras de CONIRSA, consorcio que construyó la Interoceánica Sur (IIRSA Sur). Su hermano César Vizcarra, hermano del presidente, ocupaba el cargo de Gerente General en la empresa.
Es responsabilidad del Congreso abordar esta medida inconstitucional y determinar las responsabilidades políticas correspondientes por actos que atentan contra el estado de derecho.