Denuncia contra funcionarios:
Como lo ha hecho en la parte concluyente de muchos de sus informes acerca de irregularidades encontradas en la gestión de diferentes organismos e instituciones del Estado, la Contraloría General de la República acaba de solicitar a la Procuraduría anticorrupción respectiva, para denunciar penalmente a seis funcionarios de la Municipalidad Distrital de Coishco, empezando por el gerente municipal César Enrique Eusebio Cueva. La razón es haber encontrado en el desempeño de los referidos servidores municipales graves responsabilidades penales relacionados con el pago irregular de 222 mil soles por servicios fantasmas contratados con el ex funcionario de esa comuna Enrique Jeampierre Arroyo Cueva, el mismo que por añadidura se encuentra impedido de realizar contrataciones con el Estado.
Exactamente lo mismo es lo que el órgano de control ha solicitado a la procuraduría del Gobierno Regional de Ancash para que formule denuncia penal a cuatro funcionarios del ente regional responsables de la paralización de la obra de construcción del Centro de Salud CISEA Huarupampa de Huaraz; obra valorizada en 32 millones de soles que inexplicablemente se encuentra abandonada luego de recibir 9 millones de soles de adelanto, que no se refleja en el avance físico de la obra.
Pero resulta que ni en Coishco, ni en Huarupampa, los procuradores han cumplido con su obligación de formalizar la denuncia. La indiferencia y la indolencia con la que están actuando dice mucho de la deslealtad con los intereses del Estado. Con su silencio cómplice lo único que están consiguiendo es que los funcionarios implicados se mantengan en sus puestos de trabajo, con carta blanca para seguir haciendo de las suyas. Aquí no pasa nada.
De acuerdo con sus hojas de vida que se cuidan de no incluir en su currículum y de negar en todos los idiomas, muchos de ellos arrastran una mochila de antecedentes bastante pesada. Son gente que laboran en puestos claves del gobierno regional y en las municipalidades que han ingresado a la administración pública desde la época de los comandos. Como los futbolistas profesionales, estos afortunados funcionarios cambian de camiseta con cada nuevo gobernador o nuevo alcalde.
Por obvias razones, son ellos los encargados de tender puentes y alianzas con los contratistas quienes también son los mismos de siempre solo que con distinta razón social. La misma chola, con diferente pollera. Por algo, se la saben todo.
Quizás esa sea la razón por la que a los procuradores les tiembla la mano para cumplir el pedido de la Contraloría y formular la denuncia como es su deber. Queda claro que aquí no tiene lugar aquello de que el que no la debe, no la teme. Por eso hasta hoy las conclusiones de la Contraloría son letra muerta y pedidos que se los lleva el aire.