Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Durante los últimos dos años, el Perú ha sido testigo de un proceso silencioso pero profundo: el cierre sistemático de cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) y de cajas rurales por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Aunque estos cierres se sustentan en principios de solvencia, transparencia y estabilidad financiera, el impacto real ha sido la exclusión de miles de ciudadanos del sistema financiero formal. Personas que antes accedían a microcréditos, a servicios de ahorro o a pequeños financiamientos para sus negocios, hoy se ven empujadas hacia los márgenes del sistema o, peor aún, hacia la banca informal.
Las cifras son reveladoras. Se estima que más de 150 mil personas han sido afectadas por el cierre de estas entidades. De ellas, aproximadamente la mitad ha migrado a esquemas informales de crédito, como prestamistas ilegales o modelos abusivos tipo “gota a gota”, donde las tasas de interés diarias y las amenazas sustituyen al contrato formal y la educación financiera. Este retroceso es alarmante: el Estado, en su afán de depurar el sistema, ha terminado dejando sin alternativas a los mismos ciudadanos que dice proteger.
El problema no es la supervisión, sino la forma y el enfoque con que se ha ejecutado. En muchos casos, las cooperativas cerradas eran la única opción viable para campesinos, pequeños comerciantes, madres emprendedoras o trabajadores informales en zonas donde no hay bancos, ni agencias, ni siquiera internet. Cuando una COOPAC se cierra en Puno, en Cutervo o en Lamas, no desaparece solo una oficina: desaparece un vínculo de confianza, una red comunitaria y, sobre todo, una herramienta concreta para mejorar la vida económica de las personas.
Desde Lima, la SBS puede tener razón al aplicar criterios técnicos. Pero la exclusión financiera no se resuelve solo con balances auditados ni con ratios de capital. Se necesita una mirada más humana, más descentralizada y más comprometida con la inclusión. Porque lo que se está generando con estos cierres no es solo un problema financiero, sino también un problema social y político.
El Estado debe actuar con responsabilidad y con visión. Si una entidad es inviable, se debe intervenir, sí. Pero también se debe crear un mecanismo de transición que proteja al usuario final. No basta con cerrar la puerta; hay que abrir otra. Y esa nueva puerta debe ser hacia entidades supervisadas que tengan capacidad real de absorber a los clientes excluidos, hacia programas de educación financiera, hacia fondos de reconversión y hacia esquemas que promuevan el ahorro y el crédito de forma segura y accesible.
El Perú no puede seguir construyendo inclusión financiera desde la lógica del castigo. No puede seguir permitiendo que quienes más necesitan protección terminen en manos del mercado negro. No puede pretender que la formalidad surja desde la sanción sin ofrecer alternativas reales. Lo que está en juego no es solo el futuro de un puñado de entidades financieras; es la credibilidad de todo un sistema ante los ojos de quienes menos tienen.
Cerrar entidades puede ser necesario. Pero cerrar los ojos ante la exclusión que se genera es, sencillamente, inaceptable.