Lo que ocurre hoy en las obras de defensa ribereña del río Lacramarca, en Chimbote, es un reflejo preocupante de cómo la gestión pública y la cadena de pagos en megaproyectos pueden convertirse en un polvorín social. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), como unidad ejecutora, tiene bajo su responsabilidad no solo la supervisión técnica y contractual, sino también la obligación de garantizar que los compromisos económicos se cumplan a tiempo.
El caso es claro: la empresa OHLA, contratista principal con contratos que superan los 600 millones de soles, tiene a su cargo estas defensas ribereñas y también las de Casma y Huarmey. Sin embargo, hoy enfrenta protestas de trabajadores y proveedores por pagos que no llegan, a pesar de que —según denuncian— ANIN ya habría desembolsado los recursos. El incumplimiento ha comenzado a generar un efecto dominó: subcontratistas que no reciben lo pactado, proveedores que se endeudan para cumplir, y obreros que llevan meses sin cobrar sus sueldos.
El panorama empeora cuando se mira más allá de Chimbote. En Casma y Huarmey, las obras de defensa ribereña se han paralizado, y los plazos se dilatan con la promesa de que, “en tres meses”, se reanudarán los trabajos, supuestamente por demoras en la asignación de presupuesto desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto, en el mejor de los casos, significa que la temporada de lluvias podría encontrarnos sin las defensas terminadas, poniendo en riesgo la seguridad de miles de familias y la infraestructura local.
El problema no es solo de gestión técnica; es de confianza. Cuando ANIN se convierte en sinónimo de retrasos, promesas incumplidas y presupuestos que no llegan, los proyectos dejan de ser una solución y pasan a ser un nuevo dolor de cabeza. Si a esto sumamos que en Chimbote ANIN tiene pendiente otro proyecto emblemático —el nuevo hospital La Caleta, la preocupación se multiplica: ¿podemos esperar que se cumpla con ese proyecto si hoy, en obras ya avanzadas, los pagos están entrampados?
La responsabilidad es compartida, pero el liderazgo corresponde a ANIN. Si no se resuelven de inmediato los problemas de flujo de caja, si no se exige a OHLA cumplir con sus obligaciones contractuales y laborales, y si el MEF no prioriza los recursos, lo que hoy es una protesta localizada podría convertirse en un conflicto social de gran escala.
En obras que superan los 600 millones de soles, no debería haber espacio para excusas. La defensa ribereña no es un lujo; es una necesidad vital para proteger vidas y bienes. Cada día de retraso es una oportunidad que se pierde frente a un eventual desastre natural. Chimbote, Casma y Huarmey no pueden darse el lujo de esperar.
En resumen: ANIN debe actuar ahora, no después. Porque cuando el agua llegue al cuello literal y figuradamente, será demasiado tarde para lamentos.