El reciente atentado sufrido por la reconocida agrupación Agua Marina es una señal más de que la inseguridad ciudadana en el país ha cruzado todos los límites. Si ni siquiera los artistas, símbolos de identidad y alegría popular, están a salvo de la violencia extorsiva, ¿qué puede esperar el ciudadano común? Lo ocurrido no es un hecho aislado: es la evidencia de un Estado que ha perdido el control frente a las mafias que extorsionan, amenazan y asesinan impunemente.
Durante los últimos años, la extorsión se ha convertido en el delito más extendido del país. Empresarios, transportistas, comerciantes y ahora músicos viven bajo el miedo constante de ser blanco de bandas criminales que exigen dinero a cambio de “protección”. En muchas regiones del norte como Piura, Trujillo y Lambayeque estas mafias operan a la vista de todos, cobrando cupos, lanzando explosivos y dejando mensajes intimidatorios sin que las autoridades logren desarticular sus redes. El caso de Agua Marina, un grupo con más de 40 años de trayectoria, es solo el rostro visible de una tragedia que se repite a diario.
Lo más grave es la sensación de ausencia del Estado. El gobierno central anuncia operativos, la Policía promete resultados, pero la población sigue desprotegida. Las bandas criminales se reagrupan rápidamente, se infiltran en los mercados, en el transporte, en la construcción, y ahora hasta en el espectáculo. El crimen organizado ha ganado terreno, mientras el ciudadano honesto se siente solo, abandonado, sin confianza en las instituciones que deberían cuidarlo.
Resulta indignante que, pese a los constantes atentados, no exista una estrategia sostenida ni una coordinación efectiva entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La lucha contra el crimen requiere inteligencia, investigación y decisión política, no simples declaraciones. Las mafias no temen a la autoridad porque saben que el sistema es débil, lento y, muchas veces, corruptible.
El ataque a Agua Marina debería ser un punto de quiebre. No solo porque se atentó contra un grupo popular, sino porque demuestra que el crimen ya no distingue víctimas: cualquiera puede ser objetivo si se niega a pagar. Los artistas, los comerciantes, los choferes, todos viven el mismo drama. La inseguridad ha dejado de ser un problema de “zonas rojas” para convertirse en una pandemia nacional.
Urge recuperar la autoridad. La Policía necesita respaldo real, no discursos; el Ministerio del Interior debe liderar una política integral que ataque las causas del crimen y no solo sus efectos. Las regiones deben reforzar la inteligencia y el control territorial, y la justicia tiene que actuar con severidad.
El miedo no puede normalizarse. La paz, la seguridad y la libertad de trabajar sin amenazas son derechos fundamentales que el Estado está obligado a garantizar. Cada atentado que queda impune, cada extorsión que se tolera, es una derrota más de la democracia. Y el Perú no puede seguir perdiendo esta guerra silenciosa que ya nos está costando la tranquilidad, la esperanza y, lo que es peor, la fe en la autoridad.