INFORME IPE
• A pesar de una inversión en saneamiento superior al promedio nacional, uno de cada cuatro hogares urbanos sigue sin acceso a agua y desagüe.
Los recientes incendios urbanos en Nuevo Chimbote y Pacllón evidencian la fragilidad de muchas viviendas y el riesgo al que están expuestas miles de familias ancashinas. Un factor clave detrás de dicho riesgo son las construcciones informales, que presentan una mayor vulnerabilidad debido a la falta de infraestructura básica adecuada, en un contexto donde el control de la expansión informal y el impulso de políticas de vivienda social aún es insuficiente.
Problemática actual
Al cierre de 2024, Áncash registró más de 100 mil viviendas informales, es decir, construidas en zonas no destinadas a la ocupación habitacional o sin título de propiedad. Ello equivale al 61.4% del total de viviendas en la región, por encima del promedio nacional (60.5%) y del nivel prepandemia (48.6%).
Las viviendas informales se caracterizan por la falta de supervisión profesional durante su construcción. Así, apenas el 9% contó con asistencia técnica de un ingeniero o arquitecto y solo el 13% contó con licencia de construcción. Como consecuencia, muchas de estas viviendas presentan materiales de construcción precarios. El 39.6% de viviendas en Áncash tiene paredes frágiles de adobe o quincha, por encima del promedio nacional (30.4%). Además, el 58.0% cuenta con techos de materiales vulnerables, como calamina, fibras de cemento o esteras. Esta baja calidad de los materiales incrementa la vulnerabilidad ante lluvias e inundaciones, fenómenos que se intensifican en la región, especialmente durante el verano.
Brechas pendientes
El avance de la vivienda informal, sumado a una gestión pública insuficiente, ha ampliado la brecha en el acceso a servicios básicos. Aunque desde 2015 se han destinado S/ 706 millones mediante el Plan Nacional de Saneamiento Urbano (un monto mayor al promedio nacional de S/ 644 millones), todavía uno de cada cuatro hogares urbanos en Áncash no cuenta con conexión a redes de agua y desagüe. Además, esta proporción casi se ha triplicado frente a los niveles previos a la pandemia y se ubica por encima del promedio nacional.
El problema también está en la oferta de vivienda formal. Según el INEI, cerca de 14 mil hogares en la región no cuentan con vivienda propia y cada año se demandan 3,391 nuevas viviendas. Sin embargo, la oferta alcanza apenas 934 viviendas formales al año, lo que cubre solo el 28% de lo demandado. Así, según estimaciones del IPE, para cerrar esta brecha en diez años, sería necesario cuadruplicar el nivel actual de construcción formal.
Recomendaciones
Reducir la vulnerabilidad de las familias ancashinas exige una estrategia clara de vivienda. Para ello, urge el control efectivo de la expansión informal y el fortalecimiento de las políticas de vivienda social. Ello requiere impulsar una correcta planificación urbana y simplificar los procesos de licenciamiento de construcción, de modo que se facilite la inversión inmobiliaria formal y segura. Además, es necesario una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno para las generar condiciones adecuadas que incentiven la inversión privada en construcción de viviendas formales. Solo así la vivienda contribuirá a mejorar la calidad de vida y avanzar hacia un crecimiento urbano más ordenado y sostenible en la región.