El reciente asesinato de dos jóvenes en la provincia del Santa uno de ellos con antecedentes, el otro sin vínculo alguno con el crimen vuelve a colocar sobre la mesa una verdad dolorosa: la inseguridad ha colonizado cada rincón del país. Hoy nadie está a salvo. Ni el perfil de la víctima, ni la hora del ataque, ni el lugar ofrecen garantía alguna. Lo ocurrido evidencia que el crimen organizado y la delincuencia común han rebasado largamente la capacidad de respuesta del Estado, y que las medidas reactivas ya no alcanzan para contener esta ola de violencia.
Es cierto que uno de los jóvenes tenía antecedentes; sin embargo, el crimen no distingue entre fichados y ciudadanos de a pie. La violencia es democrática en su peor expresión: golpea sin filtro, sin aviso y sin oportunidad de defensa. El mensaje para la población es claro y perturbador: la línea entre ser víctima “por estar metido” y ser víctima “por estar en el lugar equivocado” se ha borrado. Santa, como muchas otras localidades del país, vive hoy en estado de vulnerabilidad permanente.
Frente a esta realidad, el alcalde ha convocó de inmediato una reunión del CODISEC, anunciando que solicitará al Ministerio del Interior la declaratoria de estado de emergencia para el distrito. Es una reacción comprensible ante la desesperación y la presión social; sin embargo, es necesario preguntarse si esta medida excepcional, usada casi como un reflejo automático, es realmente eficaz o si sólo representa un alivio temporal que se diluye cuando la presencia militar se retira y todo vuelve al punto de partida.
La experiencia en diversas ciudades del país demuestra que el estado de emergencia tiene un efecto limitado si no viene acompañado de acciones integrales y sostenidas. Se incrementa la vigilancia, sí; se logra una momentánea sensación de control, también. Pero la raíz del problema permanece intacta: bandas criminales que reclutan jóvenes sin oportunidades, sistemas de justicia débiles, investigaciones policiales truncas, extorsión que se normaliza y un Estado que llega tarde o no llega.
Por ello, más que una declaratoria urgente, Santa necesita un plan integral de seguridad, diseñado con criterios técnicos y no sólo políticos. Esto implica reforzar la inteligencia operativa, articular a la Policía con el Ministerio Público, recuperar espacios públicos, invertir en tecnología de vigilancia, fortalecer las comisarías y, sobre todo, atacar los factores que alimentan la delincuencia: desempleo juvenil, abandono escolar, consumo de drogas y falta de prevención.
La seguridad no se construye únicamente con patrulleros ni con militares en las calles. Se construye con Estado presente, capaz y coherente. Es imprescindible que el municipio, la Policía Nacional, el Gobierno Regional y el Ejecutivo dejen de actuar como islas y comiencen a trabajar en una misma dirección. La ciudadanía ya no tolera más improvisación, más reactivos ni más excusas.
El asesinato de estos dos jóvenes no puede convertirse en una estadística más. Debe ser un punto de quiebre que obligue a replantearlo todo. Santa, como el resto del país, merece vivir sin miedo. Pero eso sólo será posible si dejamos de apagar incendios y empezamos, de una vez por todas, a construir seguridad con planificación, prevención y firmeza.