La exhortación pública de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) al alcalde de Samanco y a las autoridades provinciales no es un simple llamado administrativo. Es, en realidad, una advertencia seria frente a un problema que pone en riesgo directo la salud de miles de ciudadanos: la provisión de agua potable que no cumple con los estándares mínimos de calidad establecidos por la normativa nacional.
Los informes difundidos por la Red Integrada de Salud Pacífico Sur, que revelan la presencia de parámetros por encima de los límites máximos permisibles en el agua proveniente del pozo de Samanco, son alarmantes. El acceso al agua segura no es un favor ni una promesa de campaña; es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución y por acuerdos internacionales. Cuando este derecho se vulnera, la responsabilidad política y administrativa recae de manera directa en la autoridad local que tiene a su cargo la prestación del servicio.
En Samanco, el prestador del servicio de agua potable es la propia municipalidad distrital. Por tanto, el alcalde no puede alegar desconocimiento ni trasladar culpas a terceros. La Sunass ha sido clara al exigir medidas inmediatas y temporales para garantizar el abastecimiento seguro, como el uso de mecanismos alternativos camiones cisterna u otros, así como una comunicación transparente con la población sobre horarios, puntos de distribución y rutas. Estas acciones no son opcionales: son obligaciones mínimas frente a una emergencia sanitaria.
Más preocupante aún es que el problema no afecta a un solo sector, sino a varios centros poblados como Los Chimus, La Capilla, Huambacho La Huaca, Huambacho El Arenal, San Pedro y el propio Samanco. En estas zonas vive población vulnerable que no puede esperar estudios interminables ni promesas futuras. Cada día de inacción expone a niños, adultos mayores y familias enteras a enfermedades que podrían evitarse con una gestión responsable.
La exhortación de la Sunass también pone en evidencia una verdad incómoda: no existen soluciones sostenibles sin un enfoque integral. Los informes técnicos confirman incumplimientos fisicoquímicos críticos, lo que obliga a pensar más allá de parches momentáneos. La propuesta de instalar una mesa técnica permanente, con la participación del Ministerio de Vivienda, Otass, Sedachimbote y los gobiernos locales, es una oportunidad que el alcalde de Samanco no debe desaprovechar. Negarse o dilatar este proceso sería una grave irresponsabilidad política.
La ciudadanía de Samanco merece respuestas claras, plazos concretos y acciones visibles. El silencio, la improvisación o la minimización del problema solo profundizan la desconfianza en las autoridades. Hoy más que nunca, el alcalde está obligado a demostrar liderazgo, transparencia y compromiso real con la salud pública.
El agua potable segura no puede seguir siendo una deuda histórica en Samanco. La exhortación de la Sunass debe marcar un punto de quiebre. Si la autoridad local no actúa con la urgencia que la situación exige, no solo fallará en su función, sino que quedará registrada como responsable de haber ignorado una advertencia que buscaba proteger la vida y la dignidad de su población.