La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal en el exfuncionario Manuel Alejandro Ascon Escudero, por las irregularidades detectadas en la elaboración y aprobación del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado del C.P. Motocachy”, en el distrito de Nepeña, provincia del Santa, región Áncash.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 050-2025-2-0344, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial del Santa, se determinó que el entonces servidor de la Municipalidad Distrital de Nepeña otorgó conformidad y tramitó el pago del expediente técnico y su actualización sin contar con la libre disponibilidad ni el saneamiento físico-legal del terreno donde se ejecutaría la obra.
Pago sin cumplir requisitos esenciales
El informe precisa que esta actuación contravino los términos de referencia y la normativa aplicable, afectando la finalidad pública y la funcionalidad del proyecto de inversión con Código Único de Inversión (CUI) N.° 2498048.
Como consecuencia, se generó un perjuicio económico a la entidad por un monto total de S/ 110,672.00, correspondiente al pago realizado por el expediente técnico que no cumplía con las condiciones indispensables para garantizar la viabilidad del proyecto.
La Contraloría concluye que la aprobación y pago del servicio se efectuaron sin asegurar previamente la disponibilidad legal del terreno, situación que impedía la ejecución efectiva de la obra de saneamiento en el centro poblado Motocachy.
Acciones legales
Ante estos hechos, el informe recomienda al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes contra el exfuncionario comprendido en la irregularidad, a fin de que el Ministerio Público determine las responsabilidades penales que correspondan conforme a ley.
El caso pone nuevamente en evidencia la importancia de que las entidades públicas verifiquen el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales antes de autorizar pagos vinculados a proyectos de inversión, especialmente aquellos relacionados con servicios básicos como agua potable y alcantarillado, cuya ejecución impacta directamente en la calidad de vida de la población.