Las recientes advertencias del Consejo Fiscal del Perú, a través de su presidente Alonso Segura, no deberían pasar desapercibidas ni ser tomadas como una exageración retórica. Por el contrario, reflejan una preocupación técnica y fundada frente a un problema que el país ya ha enfrentado en el pasado: gastar más de lo que se tiene, sin medir consecuencias.
El mensaje es claro. El Congreso de la República del Perú viene aprobando leyes con fuerte impacto fiscal, muchas de ellas sin sustento financiero real. Lo preocupante no es solo la magnitud del gasto comprometido, sino la lógica detrás de estas decisiones: beneficios inmediatos para determinados grupos, sin considerar el costo que recaerá sobre toda la economía en el mediano plazo.
Pero si el Congreso actúa con ligereza, el rol del Poder Ejecutivo del Perú resulta igual de cuestionable. La falta de observaciones a estas normas, así como la ausencia de acciones firmes para frenarlas, revela una preocupante pasividad. El Ejecutivo no solo tenía herramientas legales para contener este avance, sino también la responsabilidad política de hacerlo. No intervenir, en este contexto, equivale a permitir.
En el fondo, lo que está en juego no es un debate técnico, sino una definición de rumbo. La disciplina fiscal no es un capricho de economistas; es la base de la estabilidad que permite financiar servicios públicos, atraer inversión y sostener el crecimiento. Cuando se debilita, las consecuencias no tardan en aparecer: recortes en inversión, menor confianza y, eventualmente, crisis.
La interpretación del Tribunal Constitucional del Perú sobre los alcances del gasto público ha sido señalada como un punto de quiebre. Si bien puede responder a criterios jurídicos, sus efectos económicos están hoy en evidencia. Abrir resquicios para que se generen obligaciones de gasto sin financiamiento claro es, en la práctica, dinamitar uno de los pilares del orden fiscal.
El país se encuentra así en una peligrosa convergencia: un Congreso con incentivos populistas, un Ejecutivo que no ejerce contrapeso y un marco institucional que ha flexibilizado sus propias reglas. El resultado es una presión creciente sobre las finanzas públicas que, tarde o temprano, alguien tendrá que pagar.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién asumirá el costo? Porque la historia demuestra que no serán quienes hoy aprueban o permiten estas medidas, sino millones de peruanos que verán afectados servicios esenciales, oportunidades de desarrollo y estabilidad económica.
Ignorar estas alertas sería un error. El Perú aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero eso exige decisiones políticas firmes, responsabilidad institucional y, sobre todo, entender que no hay atajos cuando se trata de la sostenibilidad fiscal.