La Mirada Jurídica
Por: Mag. Anshella Díaz Macedo
Cuando una obra pública se paraliza, la respuesta suele ser inmediata: “intervino la Contraloría”. Pero ¿es realmente el control el que detiene las obras o estamos frente a una explicación simplista que oculta problemas más profundos? En un país con miles de proyectos inconclusos y millones de soles comprometidos, la causa no puede reducirse a un solo actor. Entenderlo exige analizar cómo funciona el control gubernamental.
En todo Estado democrático, el control no es accesorio, es una condición estructural. Su finalidad no es solo detectar irregularidades, sino prevenir riesgos, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y generar valor público.
En el Perú, esta función se ejerce a través del Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría General de la República, cuyo mandato no es paralizar la gestión, sino asegurar que se desarrolle dentro del marco de la legalidad, eficiencia y transparencia.
Desde una perspectiva técnica, el control gubernamental se ejerce en tres momentos claramente diferenciados: el control previo, orientado a evitar decisiones contrarias al ordenamiento jurídico; el control simultáneo, que acompaña la ejecución en tiempo real advirtiendo riesgos; y el control posterior, que evalúa lo ya ejecutado y, además de formular recomendaciones de mejora, determina responsabilidades administrativas, civiles y penales.
De acuerdo con la Contraloría, a diciembre de 2025 el país registra 2,416 obras públicas paralizadas en los tres niveles de gobierno, con una inversión superior a S/ 67,139 millones. Este diagnóstico evidencia la magnitud del problema y constituye la base para la programación del control en 2026.
El Plan Nacional de Control 2026 ha previsto 186 servicios de control preventivo dirigidos al destrabe de obras paralizadas, dentro de 19,892 servicios de control simultáneo a nivel nacional. Esto evidencia que el control preventivo empieza a consolidarse como herramienta estratégica.
Sin embargo, persiste una narrativa equivocada: que la Contraloría paraliza obras. Por el contrario, el actual Contralor y los voceros de la institución han sido enfáticos en señalar que el control preventivo busca destrabar obras, identificar causas de paralización y promover su reactivación mediante acompañamiento técnico oportuno.
Entonces, la pregunta de fondo no es si el control paraliza, sino ¿por qué realmente se paralizan las obras públicas en el Perú?. Las causas son múltiples, hay expedientes técnicos deficientes, procesos de selección cuestionados o falta de acuerdos entre entidad y contratista. No obstante, existe un factor menos visible pero determinante: el temor.
Frente al riesgo de responsabilidades derivadas del control posterior, funcionarios y contratistas optan por detener la ejecución antes que continuar, configurándose una lógica perversa: se paraliza para evitar responsabilidades.
Este problema se agrava cuando el control no interviene desde etapas tempranas. Tradicionalmente, la Contraloría intervenía principalmente durante la ejecución, no desde la elaboración del expediente técnico, lo que explica que muchas deficiencias se detecten cuando la obra ya está en marcha.
Por ello, el giro hacia un control preventivo resulta fundamental. Intervenir desde el inicio permite advertir errores antes de que generen mayores consecuencias.
Desde el plano normativo, la Resolución de Contraloría N.° 220-2025-CG, vigente, regula esta modalidad como parte del control simultáneo, orientada a identificar riesgos y formular recomendaciones oportunas.
Su naturaleza es clara: no sustituye la gestión, sino que la acompaña. No sanciona, sino que orienta. No paraliza, sino que busca que la obra se ejecute correctamente desde el inicio.
En ese sentido, el control preventivo aporta seguridad jurídica, reduce la incertidumbre y permite decisiones con mayor respaldo técnico.
Asimismo, es indispensable garantizar la autonomía técnica de los auditores y de los jefes de los Órganos de Control Institucional. Sin independencia, el control pierde credibilidad; y sin credibilidad, pierde eficacia.
El desafío no es debilitar el control, sino fortalecerlo en su dimensión preventiva y oportuna. No se trata de elegir entre controlar o ejecutar, sino de lograr que ambos coexistan. Porque cuando el control llega tarde, solo constata. Pero cuando es oportuno, previene, orienta y permite avanzar.
El verdadero desafío no es cuestionar el control, sino comprender su evolución. Hoy, el enfoque preventivo representa un cambio necesario. En esa línea, el control preventivo fortalece la gestión pública, construye confianza y permite que las obras se ejecuten con mayor seguridad jurídica.
Porque el verdadero control no es el que llega para sancionar, sino el que permite que las decisiones se tomen bien desde el inicio.