La reciente intervención de la Contraloría General de la República en las provincias de la zona costa de Áncash confirma una problemática persistente en la gestión pública: la ineficiencia en el uso de recursos públicos que, en lugar de beneficiar a la población, terminan desperdiciados o mal administrados. Lo ocurrido en el sector salud y en obras de infraestructura no solo es preocupante, sino que refleja una crisis estructural que exige respuestas urgentes.
Resulta especialmente indignante que en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón una Unidad de Cuidados Intensivos haya sido convertida en un depósito de equipos médicos en desuso. En una región donde la demanda por atención crítica es alta, mantener cerca de una treintena de equipos abandonados equivale a negar oportunidades de atención oportuna a pacientes que podrían salvar su vida. Este hecho no puede ser minimizado ni justificado; evidencia una grave falta de gestión hospitalaria, así como la ausencia de decisiones oportunas para reparar, redistribuir o poner en funcionamiento estos equipos.
La situación se agrava al conocer que dos de las cinco salas de operaciones del nosocomio permanecen inoperativas por falta de equipamiento básico. Esto, mientras pacientes esperan atención en condiciones precarias, incluso en pasillos. La contradicción es evidente: existen ambientes, pero no están habilitados. Esta desconexión entre infraestructura y capacidad operativa demuestra que el problema no es solo presupuestal, sino de planificación, ejecución y supervisión.
Por otro lado, el retraso en la obra del drenaje pluvial de La Balanza, en Chimbote, es una muestra más de cómo los proyectos públicos se entrampan en ampliaciones de plazo y deficiencias técnicas. Con cinco ampliaciones y varias suspensiones, la obra sigue inconclusa, afectando directamente a la población que espera una solución frente a riesgos de inundación. Este tipo de situaciones no solo encarece los proyectos, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Más crítica aún es la paralización del hospital de apoyo en Casma, cuya ejecución está a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Desde agosto de 2025, los trabajos se encuentran detenidos, mientras equipos y materiales permanecen expuestos a la intemperie. Esta imagen resume el abandono estatal: infraestructura inconclusa, recursos deteriorándose y una población que continúa sin acceso a servicios de salud adecuados.
Frente a este panorama, el rol de la Contraloría es fundamental, pero no suficiente. Sus informes y alertas deben traducirse en acciones concretas por parte de las autoridades competentes. No basta con identificar fallas; es indispensable corregirlas y sancionar a los responsables. La impunidad administrativa solo perpetúa este ciclo de ineficiencia.
Áncash no puede seguir siendo escenario de obras inconclusas y hospitales subutilizados. La ciudadanía merece servicios de calidad y una gestión pública eficiente. Lo que está en juego no es únicamente la ejecución del presupuesto, sino la vida y el bienestar de miles de personas que dependen de un Estado que, hasta ahora, les viene fallando.