Ante las nuevas disposiciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) ha anunciado la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Chimbote y Nuevo Chimbote. Se trata de una decisión necesaria. El último PDU fue aprobado en 2020 y, como toda herramienta de planificación, requiere adecuarse a los cambios normativos y a la dinámica propia de una ciudad que crece, se transforma y enfrenta nuevos desafíos.
Actualizar el PDU no es solo un trámite técnico, sino una oportunidad para corregir errores, ordenar el territorio y proyectar una ciudad más habitable. En ese sentido, la iniciativa municipal merece ser respaldada. No se puede seguir planificando con instrumentos desfasados mientras la expansión urbana avanza, muchas veces sin control, generando problemas que luego resultan costosos y difíciles de revertir.
Sin embargo, este proceso también exige un alto grado de responsabilidad. La zonificación uno de los componentes más sensibles del PDU no puede convertirse en un espacio de improvisación ni, peor aún, en un terreno fértil para intereses particulares. Definir qué áreas serán residenciales, comerciales o industriales tiene un impacto directo en la calidad de vida de miles de ciudadanos, así como en el valor y uso del suelo.
En este punto, resulta inevitable poner la mirada en los terrenos que viene ofertando la denominada comunidad indígena. Se trata de extensas áreas que, en muchos casos, han sido promovidas como proyectos urbanos sin contar con las condiciones mínimas de planificación, servicios básicos o habilitación formal. Estos desarrollos, que ya generan cuestionamientos, no pueden ser legitimados de manera automática en el nuevo esquema de zonificación.
La municipalidad debe actuar con firmeza y criterio técnico. No todo lo que se ha vendido o proyectado en el papel puede ni debe consolidarse como zona urbana. Hacerlo sin una evaluación rigurosa significaría perpetuar el desorden y trasladar al futuro problemas que hoy ya son evidentes: falta de agua y desagüe, accesos precarios, ausencia de equipamiento urbano y riesgos para la seguridad de las familias.
La actualización del PDU debe ser, precisamente, una herramienta para “sincerar” el uso del suelo. Esto implica reconocer lo que está bien encaminado, pero también poner límites donde corresponde. La planificación urbana no puede someterse a la presión de hechos consumados ni a la expectativa de negocios inmobiliarios de dudosa sostenibilidad.
Otro aspecto clave será la participación ciudadana. La anunciada etapa de consulta pública no debe ser un mero formalismo. Es fundamental que colegios profesionales, universidades, organizaciones civiles y vecinos tengan una voz real en este proceso. Solo así se podrá construir un instrumento legítimo, que refleje las necesidades y aspiraciones de la ciudad.
Chimbote y Nuevo Chimbote necesitan orden, pero también visión. Actualizar el PDU es un paso en la dirección correcta, siempre que se haga con transparencia, sustento técnico y firmeza frente a intereses que no necesariamente coinciden con el bien común. La ciudad no puede seguir creciendo al margen de la planificación. Este es el momento de corregir el rumbo.