El Segundo Juzgado Laboral de Chimbote, en el marco de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), impuso una multa a la Universidad San Pedro por incumplir una orden judicial que dispone la reposición de cinco trabajadores ex dirigentes sindicales despedidos.
Mediante la Resolución N.° 21, emitida el 28 de abril de 2026, el juez Víctor Daniel Castro Carrasco determinó que la casa superior de estudios ha mostrado una conducta renuente a acatar lo dispuesto previamente en el proceso por nulidad de despido (Expediente N.° 02968-2024). Según el fallo, pese a reiterados requerimientos y al tiempo transcurrido cerca de tres meses desde el primer mandato, la entidad demandada no ha cumplido con reponer a los trabajadores afectados.
La ex dirigente del sindicato de trabajadores no docentes de la Universidad San Pedro, Blanca Silva Baca dijo que Ulloa ha manifestado que ha solicitado el licenciamiento a Sunedu, pero en las Condiciones Básicas de Calidad(CBC) es obligatorio no tener juicios con los trabajadores, no debe haber deudas con los trabajadores y no quiere reponer a los que han obtenido sentencias favorables, de que nos habla el señor Ulloa, manifestó.
Respecto a la resolución, el juzgado resolvió imponer una multa equivalente a tres Unidades de Referencia Procesal (URP), la cual deberá ser abonada en un plazo de tres días hábiles. Asimismo, se requirió nuevamente a la universidad para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, proceda con la reposición de los demandantes en sus puestos de trabajo o en cargos similares, sin reducción de sus remuneraciones.
La resolución también ordena el pago de 5,000 soles por concepto de costos procesales, además de 250 soles correspondientes al 5% a favor del Colegio de Abogados del Santa. En caso de incumplimiento, el juzgado advirtió que se aplicarán nuevas sanciones económicas, que podrían incrementarse progresivamente, e incluso medidas más severas como el embargo de bienes.
Silva Baca agregó que entre las CBC, que no debe haber deuda con el poder judicial y lamentablemente para la universidad desde que asumió Javier Ulloa, ósea en su gestión, desde 1 de mayo del 2023, los procesos judiciales contra los trabajadores han aumentado, existen atropellos, despidos arbitrarios y deudas laborales. Entonces de que habla Ulloa cuando se refiere al licenciamiento. El no cumple con las CBC y pone en riesgo ese proceso.
Sobre el caso en la resolución el magistrado Castro Carrasco, recordó que toda persona o institución está obligada a acatar las decisiones judiciales, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa. En esa línea, citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional que resalta la importancia del cumplimiento efectivo de las sentencias como garantía fundamental del derecho a la tutela jurisdiccional.
El Poder Judicial no descartó que, de persistir la negativa, se proceda con una denuncia penal por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.